Diputados de PRD denuncian a Calderón ante la Fepade

México, D.F.-
Diputados federales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) denunciaron penalmente ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) de la Procuraduría General de la República al presidente Felipe Calderón, por la presunta utilización de recursos públicos para favorecer a la precandidata presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), Josefina Vázquez Mota.
La querella, dirigida a la nueva fiscal Imelda Calvillo Tello, establece que el mandatario violó las leyes electorales, el Código Penal Federal y la Constitución al señalar, como lo habría hecho el pasado jueves 23 ante consejeros de Banamex, que existe una cerrada competencia con 4 puntos de distancia, entre el PRI y el PAN rumbo a la elección presidencial.
Por eso legisladores del PRD pidieron realizar prontas diligencias para citar a declarar, entre otros, al presidente Calderón, requerir a Los Pinos el video de la participación aludida, y en su momento ejercer acción penal contra el mandatario.
Como pruebas los firmantes de la demanda, entre ellos los legisladores Alejandro Encinas Rodríguez, Agustín Guerrero Castillo, Avelino Méndez Rangel, Rigoberto Salgado y Ramón Jiménez, anexaron cinco reportes periodísticos, todos coincidentes en que en el encuentro Calderón habría presentado láminas para exponer, entre otros temas, la competencia electoral presidencial.
“Como resulta evidente… el C. Felipe Calderón Hinojosa acudió en su carácter de presidente constitucional” y legalmente está impedido a difundir “mediante el aparato de comunicación social de la presidencia, empleando los recursos logísticos, como las diapositivas, láminas o planos de los que se da cuenta en las diversas notas… especialmente cuando esta difusión se hace en relación a la competencia suscitada en el proceso electoral”.
Por eso se corrobora, según el PRD, “la promoción a favor de la C. Josefina Vázquez Mota, la cual es financiada con recursos públicos de la presidencia de la República, dado que se trata de un mensaje de carácter electoral y no informativo o de interés social”.
Esa conducta está penalmente sancionada, pues “se utilizaron de manera ilegal los fondos, bienes, vehículos y servicios que como presidente de la República tiene a su disposición, para manifestar su apoyo” a la panista, se lee en la denuncia presentada este medio día.
En la exposición se recuerda que esas conductas ameritan, según el artículo 407 del Código Penal Federal en materia de delitos electorales, “de 200 a 400 días multa y prisión de uno a nueve años, al servidor público que destine, de manera ilegal, fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición en virtud de su cargo…al apoyo de un partido político o de un candidato”.
En la demanda se señalan tres sentencias emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) según las cuales “el presidente de la República puede ser objeto de responsabilidad electoral si difunde propaganda gubernamental durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión…(pues es) una violación directa a la Carta Magna”.
Además, de acuerdo a los perredistas, no puede argumentarse ejercicio de la libertad de expresión, no sólo por la supuesta utilización de recursos públicos, sino porque los supuestos dichos vulneran la equidad electoral.
“No es viable que el denunciado pretenda eximirse de su responsabilidad aduciendo el ejercicio de la libertad de expresión, a que se refiere el artículo 6 constitucional, dado que el ejercicio indebido de ésta no puede emplearse, abusando de la posición preferente que tiene el Titular Ejecutivo dentro del Estado democrático”, alegaron los diputados.

Por el contrario, “la intervención de un actor ajeno al proceso electoral, un servidor público que en este caso, por ser el titular del Poder Ejecutivo, tiene a su disposición un aparato de comunicación nacional de alcance nacional…genera un desequilibrio”
Además, argumenta el PRD, se pretende incidir en la libertad del voto pues “se describe una presunta modificación en las tendencias electorales a favor de una candidata con la que se vincula no sólo por una cuestión de identidad partidaria, dado que ambos son candidatos del Partido Acción Nacional, sino por la connotación positiva que hizo de esa supuesta situación”.
Por todo ello los diputados perredistas pidieron la aplicación de la ley pues “resulta evidente la violación, por parte del presidente de la República de la Constitución”.