Juchitán, Oax.-
Desde la llegada de la pandemia de Covid-19 hasta 2021, la entidad registró un promedio de 15% de deserción escolar en el nivel básico; mientras que se espera que para 2022 el porcentaje crezca a 20%, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y del Instituto Estatal de Educación Pública (IEEPO).
El vocero de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Oaxaca, Wilbert Santiago Valdivieso, detalla que según las estadísticas de preinscripciones de este año, se observa un aumento del abandono escolar.
“Si en ciclos anteriores teníamos un registro de casi un millón de alumnos en el nivel básico, ahora la matrícula oscila por debajo de los 800 mil educandos”, refiere. Según estas estimaciones, ya son 200 mil los alumnos que han abandonado sus estudios.
—Oaxaca, caso especial
Entre agosto y diciembre de 2021, padres de 16 alumnos del sexto grado de la primaria Héroes del 5 de septiembre, de Juchitán, región Istmo de Tehuantepec, rentaron, por 3 mil 500 pesos mensuales, una vivienda con un pequeño corredor para que sus hijos asistieran a clases presenciales, hasta que cambiaron al profesor.
“Como padres de familia, deseamos que nuestros hijos regresen a clases presenciales. Al ver que los directivos de la escuela Héroes no quisieron facilitarnos un salón, rentamos esa casa, pero a fines del año pasado sacaron al maestro Francisco, que estaba al frente del grupo, y los niños volvieron a las clases por internet, que sale muy caro”, explica molesto Juan José.
Historias de esa naturaleza se entrelazan en los municipios oaxaqueños, luego de que los padres de familia y docentes, sobre todo de nivel básico, hallaron modelos para el regreso a clases presenciales, híbridas o semipresenciales, frente al preocupante número de niños y jóvenes que están dejando las escuelas.
Mientras que en otras entidades del país han comenzado las clases presenciales, en el estado el proceso va lento, debido a que la autoridad educativa no dicta la pauta de manera oficial. Además, según datos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), hasta marzo de 2021 sumaban 146 las escuelas saqueadas desde que comenzó la pandemia, unas más han sido vandalizadas, otras están en proceso de reconstrucción y las más afectadas, dice Wilbert Santiago, no cuentan con agua, baños, luz ni protocolos sanitarios.
En el municipio de San Francisco Ixhuatán, ubicado en la zona oriente del Istmo, se presenta un claro diagnóstico sobre cómo los problemas de la deserción escolar y la resistencia de los docentes para el regreso a las clases presenciales afectan al sistema educativo estatal. Ahí, los padres de familia amagan con tomar las escuelas si los profesores no regresan a las aulas.
Amado López Cruz, presidente del comité de padres de familia de la Escuela Primaria Ignacio Ramírez, dice que con los representantes de los comités de padres de las escuelas primarias 12 de octubre, Andrés Henestrosa y Emilio Carranza planean apoderarse de las escuelas para presionar a las autoridades educativas y que éstas ordenen el regreso a clases.
“Los padres estamos molestos porque los maestros, que son de Ixhuatán, argumentan que no hay condiciones por el Covid-19, pero ellos andan en las fiestas y no han suspendido sus otras actividades relacionadas con el comercio. Nos preocupa porque en esta temporada de cosecha de mangos, de por sí los alumnos dejan la escuela y se van al corte del fruto y ahora sin clases, peor”.
Ante la suspensión de clases y debido a que pocos alumnos se adaptan a las clases en línea, los niños de quinto y sexto grado de esos planteles van al corte de mango de exportación, porque ahí ganan entre 150 y 200 pesos por día. Mientras no haya clases, los alumnos seguirán en la cosecha hasta que ésta termine, en mayo.
“Es normal que todos los padres quieren que sus hijos tengan clases presenciales y, como docentes, sabemos que es una necesidad regresar a las clases, lamentablemente, en el caso del Covid-19, las escuelas no cuentan con ningún tipo de respaldo para encarar una emergencia sanitaria”, señala el vocero de la Sección 22 del magisterio oaxaqueño, Wilbert Santiago.
Hace unas semanas, recuerda el dirigente sindical, fueron las autoridades municipales de Valle Nacional las que ordenaron la suspensión de clases semipresenciales en las escuelas de esa municipalidad para evitar los contagios de dicha enfermedad. Igual sucedió en el municipio de San Felipe Jalapa de Díaz, donde la alcaldesa María Fernanda Barbosa Sosa suspendió las clases.
“Como representantes sindicales lamentamos que, por el Covid-19, las pésimas condiciones económicas y la escasa conectividad digital, se haya incrementado el abandono escolar y por esa razón, en estos momentos, estamos por definir una nueva valoración para el regreso a clases presenciales para combatir los rezagos educativos y la deserción”, añade Santiago Valdivieso.
Dicha valoración se realizaría en febrero, en la capital oaxaqueña; sin embargo, debido a que los normalistas se han movilizado en la sede del auditorio Enedino Jiménez, la asamblea plenaria de la Sección 22 no se había podido llevar a cabo. Aún así, el regreso a clases presenciales se dará una vez que el IEEPO atienda el déficit en infraestructura física, precisa.
Tras finalmente realizarse hace algunos días, la Asamblea Estatal de la Sección 22 del SNTE aprobó el regreso a clases presenciales en Oaxaca, siempre y cuando sea a través del consenso con padres y madres de familia, así como con autoridades municipales.
El acuerdo aprobado por los docentes del magisterio oaxaqueño también estableció que el regreso a las aulas se realizará de forma gradual, escalonada y deberán tomarse en cuenta las medidas sanitarias y protocolos de salud establecidos por las autoridades sanitarias.
La decisión fue celebrada por el gobernador Alejandro Murat y tras el anuncio el gobierno de Oaxaca confirmó que el retorno será de forma gradual y consensuada con todos los actores del proceso educativo, como se ha realizado en 3 mil 793 escuelas públicas que han vuelto a las aulas, de las 10 mil 746 que existen en la entidad, según cifras oficiales del Instituto.
