Estados no ‘jinetearán’ recursos para seguridad: Campa

Monterrey, N.L.-
La Secretaría de Gobernación diseña un mecanismo para evitar que los estados jineteen los recursos públicos etiquetados en el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, que ascienden a más dos mil 500 millones de pesos.
Roberto Campa, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de Gobernación, aseguró que estarán muy pendientes en que los recursos se utilicen de manera oportuna y adecuada en las entidades del país, sobre todo, en los 57 municipios, dos demarcaciones del DF y siete zonas metropolitanas de la primera fase del programa.
“Vamos a darle seguimiento diario al ejercicio de estos recursos. Habrá un mecanismo de auditoría social y rendición de cuentas que le permita a cualquier ciudadano, a las organizaciones de la sociedad civil o los interesados, revisar en tiempo real, a través de una página de internet, como se van ejerciendo los recursos”, dijo en entrevista durante una gira de trabajo por esta capital.
De acuerdo con las reglas de operación —explicó— la federación y los estados convinieron que para este programa habrá dos ministraciones: la primera durante el mes de mayo, que será por 70% del fondo, la segunda el 30 de septiembre cuando se entregará 30% restante y deberá estar gastado por lo menos 50% de los recursos.
“Durante la instalación de la Comisión, en Aguascalientes, el presidente Enrique Peña Nieto dio la instrucción precisa para el secretario de Hacienda —Luis Videgaray Caso— garantice el ejercicio oportuno y ágil de estos recursos. Confiamos en que de manera coordinada, las secretarías de Gobernación y Hacienda estaremos en posibilidad de garantizar que los recursos se ejecuten con oportunidad”, dijo.
En el pasado sexenio, el entonces titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Juan Miguel Alcántara, acusó a los titulares de finanzas de los estados de “jinetear” los recursos federales para el combate a la delincuencia organizada.
Alcántara refirió que en su momento, los encargados de las finanzas estatales preferían dejar los recursos del Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública (FASP) en los bancos y así obtener mayores recursos por concepto de intereses, que ejercerlos en tiempo y forma.
Sobre las dificultades para comenzar con el Programa en zonas de riesgo por la creciente violencia de los grupos del crimen organizado, como en la región de La Laguna, Coahuila o Acapulco, Guerrero, Campa Cifrián dijo que trabajan con las autoridades locales y con organizaciones de la sociedad civil, pero destacó que en los casos necesarios, pedirán la intervención de la fuerza pública.
El funcionario expresó que a partir de mayo comenzarán a implementarse las acciones destinadas a la prevención en cada una de las colonias, polígonos o calles, de los municipios detectados por el gobierno que presentan mayores problemas de violencia.
Aunque todavía se encuentran en proceso de la conformación de los indicadores y modelo de evaluación del programa, Campa Cifrián reconoció que el principal indicador será reducir la violencia y, en consecuencia, la disminución los homicidios.
“Sabemos que no podemos evaluarnos y darle seguimiento a partir de un solo delito, pero siendo un programa que ha sido conformado para prevenir la violencia, ésta es el indicador principal y, en consecuencia, un indicador fundamental serán la reducción los homicidios dolosos”, comentó el funcionario.
Campa dijo que están construyendo los indicadores para evaluar el programa en cada una de las demarcaciones, con el apoyo de los grupos técnicos las nueve secretarías que participan (Hacienda, Salud y Educación, entre otras), donde participa el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el Inegi, expertos de las Naciones Unidas en sistemas de medición y evaluación; además de organizaciones civiles como México Evalúa.