México, D.F.-
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exigió a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a las instituciones de educación pública de los estados, que no suspendan el proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia de docentes en educación básica y media superior.
En la sesión de este miércoles, se aprobó también en este punto de acuerdo avalado por todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, que se cumpla a cabalidad el mandato de evaluación establecido en la Ley del Servicio Profesional Docente y con las fechas difundidas por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).
Asimismo, se pronunció por el pleno respeto al Estado de derecho en nuestro país; por cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por velar que todas las instituciones del Estado Mexicano cumplan con su responsabilidad.
Los senadores y diputados acordaron que las propuestas presentadas durante el debate y que constituyeron siete puntos de acuerdo más, se remitieran a la Segunda Comisión de la Permanente para que la próxima semana sean analizados.
Entre los temas que se destacan es la solicitud está llamar a comparecer al titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Emilio Chuayffet, ante las comisiones de la Permanente para que explique las razones de suspender indefinidamente el proceso de evaluación para los maestros.
En el debate y al fijar posición, el senador del PRI, Daniel Amador Gaxiola, se sumó a la solicitud de que se expliquen las razones de suspender indefinidamente la evaluación al magisterio, pero aclaró que interrumpirlo no significa que se claudique en esta acción.
Explicó que la suspensión no es cancelación de la evaluación, y que lo más fácil en este momento sería descalificar al gobierno por tomar una decisión que sin lugar a dudas resulta compleja.
En tanto el senador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación, apuntó que al haber suspendido la evaluación se hizo un daño y se ofendió a la niñez, a los directores y maestros que sí están en la reforma, y a los padres de familia.
Dijo que es una forma “terrorista” la actuación de los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que han tomado carreteras, han realizado actos vandálicos para boicotear las elecciones del 7 de junio, y que se han opuesto al censo y a la evaluación.
Por su parte, el legislador del PRD, Armando Ríos Piter, destacó que los senadores del todas las fracciones estén de acuerdo en exigir que se cumpla la ley, y señaló que se le debe exigir al secretario de Educación, Emilio Chuayffet, presentarse en las comisiones de la Permanente para explicar cuál fue la exposición.
Recordó que si la evaluación es indefinida afectará a 13 millones 500 mil alumnos en el país, a más de 90 mil 500 escuelas primarias y a 400 mil personas que estarían inscritos en el proceso de evaluación.
La diputada Mariasanjuana Cerda Franco, de Nueva Alianza, estimó que la evaluación al magisterio es un medio y no un fin de la reforma educativa, por lo que consideró que es preciso proporcionar información amplia y suficiente en torno a las evaluaciones.
Se pronunció por llevar a cabo una evaluación integral y que haga pública toda la información que incluya la calendarización y las medidas contempladas por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).
A su vez, la diputada del Partido del Trabajo, Lilia Aguilar Gil, reconoció que la evaluación de los docentes era uno de los instrumentos rescatables de la reforma educativa, por lo que exhortó a las autoridades federales a que se reestablezca el proceso de evaluación.
Discussion about this post