El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Álvarez Icaza Longoria., pidió al Estado mexicano a considerar medicamentos genéricos de calidad y en cantidad suficiente para garantizar el derecho a la salud de las y los ciudadanos infectadas por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), y las que viven con el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).
Lo anterior es debido a que los laboratorios productores de medicamentos para el tratamiento del VIH-Sida, han convertido a México en víctima de su “salvaje” esquema de comercialización, dijo.
Lamentó el enorme costo que para el país ha tenido el abasto de medicamentos retrovirales, así como el dilema que afronta el Estado para garantizar el medicamento a esos enfermos.
“México ha invertido 5 mil millones de pesos en los últimos tres años en medicamentos”. Apelamos a formar parte del Fondo Estratégico que tiene la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para adquirir medicamentos más baratos, pero los laboratorios se negaron a venderlos bajo ese esquema al país.
El costo entonces fue superior a 480 millones de pesos, que equivalen a 60 por ciento de lo que ONUSIDA pide que el país invierta en prevención. Esos cerca de 50 millones de dólares significan la vida de muchas personas”, señaló.
El “ombudsman” de la ciudad de México, llamó a los organismos internacionales a poner límite a la acción depredadora de los laboratorios farmaceúticos.
Y, pidió al Estado mexicano ejecute acciones, como la consideración de los medicamentos genéricos de calidad y cantidad suficiente para garantizar el derecho a la salud de las y los ciudadanos infectadas por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), y las que viven con el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).
Emilio Álvarez Icaza agregó que se necesita construir una cultura sin mentalidades “medievales”, pues prevalece una doble moral en la sociedad que se niega reconocer los derechos sexuales.
“Hay quienes todavía piensan que distribuir condones es un pecado y entonces desubican la responsabilidad del Estado. Hay que poner en el centro del debate el derecho a la salud, que proponga acciones de Estado que ubiquen los derechos de las personas y su libertad para ejercer su sexualidad de formas diversas”, agregó Álvarez Icaza Longoria.
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