Washigton, EU.-
Ante el temor de que el caso judicial que enfrenta Joaquín Guzmán Loera esté perdido, familiares del capo sinaloense consideran no asignar dinero para financiar su defensa, poniendo en riesgo el futuro de los abogados privados, contratados para defenderlo de los 17 cargos a los que se enfrenta ante la justicia estadounidense.
Una fuente con conocimiento del caso explicó a EL UNIVERSAL que familiares, con capacidad de decisión en los pagos de los honorarios de los abogados, consideran que el juicio al que se enfrenta Guzmán Loera es imposible de ganar y que antes de gastar dinero en pagar a letrados, lo mejor es no malbaratar y dedicarlo a cuidar y proteger al clan que sigue liderando el Cártel de Sinaloa en México.
El tema económico de la defensa de El Chapo siempre ha sido un quebradero de cabeza en las audiencias previas al juicio por 17 delitos de narcotráfico, a los que se enfrenta en la Corte del Distrito Este de Nueva York. Tras su extradición a Estados Unidos, el 19 de enero de 2017, Guzmán Loera fue defendido por un grupo de abogados de oficio.
El aislamiento severo en el que se encuentra desde entonces, en una cárcel de máxima seguridad en Manhattan, hacía imposible que pudiera comunicarse con familiares y allegados para organizarse y ver cómo contratar y pagar a letrados privados.
La justificación de los familiares de Joaquín Guzmán para tomar la decisión drástica de abandonarlo a su suerte ante la justicia de EU es la falta de contacto directo con el capo, que no saben nada de él ni de cómo está, ni cuáles son sus intenciones. Por ello, ante la falta de una directriz clara de cómo El Chapo quiere afrontar un juicio que él mismo está dispuesto a enfrentar, los familiares piensan en los que siguen en libertad en México.
Tras meses de defensa pública provisional (una fórmula criticada por el gobierno, ya que se estaban destinando recursos de los contribuyentes estadounidenses, a pesar de que nunca dieron garantías de que no iba a requisar el dinero de honorarios a abogados por intuir que podría proceder del narco), en agosto del año pasado el capo contrató dos equipos de abogados para entrar al caso.
Uno liderado por Jeffrey Lichtman, conocido por su defensa del mafioso neoyorquino John Gotti Jr; el otro, encabezado por Eduardo Balarezo, quien maneja casos de alto calibre.
A mediados de septiembre sólo Balarezo dio el paso para entrar a la defensa de Guzmán Loera. Lichtman alegó en más de una ocasión a preguntas de este diario que su incomparecencia en el caso se debía a las pocas garantías de recibir los pagos correspondientes por su trabajo.
Balarezo es, desde principios de septiembre, el responsable principal de la defensa de El Chapo. A pesar de que los detalles de honorarios son confidenciales, reportes de prensa informaron que recibió un pago incompleto de una primera fracción de lo acordado.
La posición en la que se encuentra la defensa en términos económicos no es la más adecuada, según informó el propio abogado defensor al juez del caso, Brian Cogan. En una moción judicial del 24 de diciembre, Balarezo pidió el aplazamiento de la fecha de juicio (prevista inicialmente para el 16 de abril) argumentando que “la defensa está insuficientemente fondeada, [en ese momento], para preparar adecuadamente un juicio” que debía celebrarse cuatro meses después.
Por ésta y otras razones, el gobierno y el juez acordaron aplazar la fecha hasta un día por determinar del mes de septiembre. Por tanto, las comunicaciones para virar el abandono familiar se prevén imposibles. Eso provocaría que el desapego no hiciera más que aumentar, dejando sin solucionar el financiamiento de una defensa que podría, incluso, plantearse salir del caso por falta de garantías de cobro.
