Funerarias, dificultades de la industria

Cd. de México.-
La muerte desnuda la realidad del mercado funerario en México. De los 4 mil 915 establecimientos de este giro que existen en el país, según datos de Inegi al primer semestre de este año, hoy no es posible determinar con precisión cuántos trabajan en la informalidad, ya que no existe un censo o base de datos que arroje tal información.

Se calcula que trabajan en esa condición entre 30% y 50% que incurren en acciones como no tener instalaciones adecuadas, sin contratos, facturas fiscales o reutilización de ataúdes. El negocio mortuorio tiene además otros dos problemas menores: presiones del crimen organizado en ciertos estados y la inseguridad.

La muerte pirata

El Consejo Mexicano de Empresas de Servicios Funerarios (Comesef) surgió hace tres años y es hoy la única agrupación nacional que pretende agrupar la parte formal del sector. Sus logros van a paso lento frente al desinterés de quienes prefieren integrarse a nivel estatal en organizaciones como la cámara de comercio, Coparmex o asociaciones regionales, lo que les resta fuerza a nivel nacional para combatir al enemigo.

“Hemos logrado sumar cerca de 180 negocios establecidos con grupos de más de una sucursal. Calculamos que representamos entre 6% y 8% de las casi 5 mil funerarias que hay en México” afirmó Oscar Padilla, presidente de Comesef y CEO del grupo J. García López. Dice que “94% o 92% restante no necesariamente son irregulares o patito puesto que hay muchas funerarias que legales pequeñas o independientes”.

Padilla consideró que la informalidad los rebasó porque las autoridades piensan que la muerte es el último eslabón de la cadena productiva. “Nadie quiere contratar nuestros servicios hasta que alguien se muere. Por eso afuera de los hospitales y ministerios públicos seguimos viendo la lucha encarnizada de las funerarias por los muertos, un mercado valuado en 12 mil millones de pesos anuales”.

En este caos intervienen varias autoridades: administrativas, ambientales, de salud y comercio, quienes en 2014 actualizaron en conjunto la NOM 036, que regula el negocio desde 2007; aunque no han logrado ejercer presión suficiente para que ésta sea publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Las Secretarías de salud locales no se involucran del todo en la emisión de permisos sanitarios y no se realizan operativos frecuentes en el sector. “La última verificación que hizo la Profeco fue hace tres años, cuando clausuró 100 funerarias a nivel nacional, mismas que reabrieron semanas después”, recordó Padilla.

En teoría, cada establecimiento debería cumplir con instalaciones adecuadas, registro sanitario, sala de velación, embalsamamiento, área de preparación del cuerpo, padrón obrero patronal, credenciales de salud, cédula fiscal y al menos dos vehículos que operen como carroza con placas especiales. La realidad es que muchas funerarias no llegan ni a teléfono fijo y se promueven mediante tarjetas que refieren un nombre y un número celular.

“El gobierno debería revisar esto, pero sin presupuesto, ¿cómo? Hemos propuesto crear un órgano regulador desconcentrado que visite cada funeraria para determinar de qué requisitos carecen y apoyarle con esos trámites”. Pero mientras eso ocurre, dijo, la única manera de combatir la informalidad es contratando servicios profesionales de manera anticipada con funerarias formales.