Cd. de México.-
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) dio vista al Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República (FGR) para que castigue a los funcionarios involucrados por la contratación y por el presunto mal uso que se hizo del software Pegasus, el cual fue usado para espiar a periodistas y activistas, además de que se pidió al Ministerio Público de la Federación y a la Auditoría Superior de la Federación para que determinen, en el ámbito de sus competencias, lo que a derecho corresponde.
En sesión de pleno, los seis comisionados aprobaron también instruir a la FGR acreditar de manera formal que el programa ha sido desinstalado del hardware de la Unidad de Investigaron Cibernética y Operaciones Tecnológicas de la Agencia de Investigación Criminal y que dicho software no se encuentra instalado en ningún equipo en posesión de la FGR.
Además, se solicitó a la Fiscalía hacer públicos los contratos de renovación del programa que se hicieron en 2016 y 2017.
Ante esta resolución, el comisionado Joel Salas Suárez señaló que el caso Pegasus no se ha cerrado, y que la investigación ha pasado “al siguiente nivel”, puesto que las personas cuyos derechos pudieron ser vulnerados y los mexicanos en general requieren tener certeza de que los posibles responsables serán llamados a rendir cuentas.
“Es necesario demostrar que los contrapesos de la democracia mexicana funcionan y que están presentes para impedir los excesos y el abuso del poder”, indicó.
El comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov afirmó que en México la desconfianza en las instituciones sigue en la sociedad, y que la intervención de comunicaciones siempre ha sido “el talón de Aquiles” para el Estado frente a la sociedad.
Javier Acuña, comisionado presidente del Instituto, afirmó que si la cuarta transformación significa acentuar la democracia en términos de hacer objetivamente distinto respecto a las pasadas administraciones, existe la necesidad de que la FGR actúe en consecuencia. “Hoy, con honradez republicana, podemos decir que el Inai perseveró y llega a poner a la República, elementos para que la autoridad haga una revisión integral de las carpetas y sentar las bases para que el caso Pegasus no se repita.
“Por tal razón, bajo el principio de no intervención se han establecido garantías legales y jurídicas que permitan a la ciudadanía tener certeza de que este tipo de intromisiones en la intimidad se encuentra circunscritas al combate a la delincuencia y a la persecución de delitos, siempre que exista de por medio una autorización judicial que así lo permita”, aseguró.
El comisionado Oscar Guerra Ford señaló que con esta resolución hecha por el Inai, la FGR tiene una nueva oportunidad, en su carácter autónomo, de poder aclarar e indagar con todas las potencialidades que no tiene el Inai y que si tiene una fiscalía.
“Más ahora con las nuevas competencia para ver si sí o no, como lo dijo el 19 de diciembre el actual Presidente que en este gobierno no hay ‘golondrinas en el alambre’ o de que no habrá ‘golondrinas en el alambre’. Pero primero hay que ver que si no hubo antes y si hubo ‘golondrinas en los alambres’, digamos que si las hubo, que se hagan las sanciones, investigaciones pero que también sobre este tipo de medidas, se tomen todas las consideraciones que debe de tener para que estos hechos tan lamentables se vuelvan a repetir”.
Patricia Kurczyn Villalobos señaló que se está de acuerdo en que las autoridades deben de contar con herramientas para prevenir y contrarrestar acciones que afecten a la sociedad, pero estos deben de “estar apegados a protocolos que marcan las leyes”.
En junio de 2017, abogados, defensores de derechos humanos y periodistas presentaron una denuncia de hechos ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) por acceso ilícito a sistemas e intervención ilegal de comunicaciones privadas de 15 personas por el intento de instalar el virus de espionaje Pegasus en sus teléfonos.
Se acusó que mediante este malware, los smartphones de las víctimas se habrían convertido automáticamente en espías de bolsillo, donde varias dependencias de gobierno habrían adquirido licencias para utilizar el malware comercializado por NSO Group.
Desarrollado por la empresa israelí, el malware Pegasus se vende únicamente a entes gubernamentales de los países y cada licencia de infección tendría un costo de 77 mil dólares.
