Cd. de México.-
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a 59 años de su creación, atiende a 13 millones 200 mil mexicanos, a través de 21 prestaciones, seguros y servicios.
El instituto nació como una iniciativa del entonces presidente Adolfo López Mateos y buscaba responder a las necesidades del sector de la sociedad conformado por los trabajadores al servicio del Estado, principalmente maestros, policías y médicos.
De 1960 a la fecha, el ISSSTE pasó de atender 500 mil derechohabientes a 13 millones 200 mil personas; cuando se fundó ofrecía 14 prestaciones y en la actualidad otorga 21, desde consulta general hasta alta especialidad, financiamiento de vivienda, créditos personales, pensiones, estancias infantiles, servicios sociales, culturales y deportivos, turismo social, servicios funerarios, entre otros.
La prestación de estos servicios es posible a través de la estructura orgánica del instituto y de los órganos descentralizados como Fovissste, Turissste, Superissste y la Afore pública Pensionissste.
Hasta enero pasado, el instituto tenía registrados a 2 millones 890 mil trabajadores de las distintas dependencias del gobierno y por cada cotizante hay en promedio cinco familiares protegidos por los servicios de seguridad social. A la misma fecha contaba con un millón 100 mil pensionados y jubilados.
Para el ejercicio fiscal 2019, el instituto recibió 323 mil millones de pesos; sin embargo, su titular, Luis Antonio Ramírez Pineda, dio a conocer que 75% de todo su presupuesto se destina a pensiones, es decir 226 mil millones de pesos se usarían para garantizar los pagos a un millón 100 mil pensionados y jubilados.
A pesar de que el presupuesto del ISSSTE tuvo un incremento de 4 mil 690 millones de pesos, la cifra es limitada si se considera que deberá atender a los burócratas que se quedaron sin el seguro de gastos médicos mayores. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) anticipó que al menos 500 mil trabajadores del Estado se quedaron sin tal prestación.
Además, a fines de enero, Luis Ramírez Pineda reveló que la administración federal pasada le heredó una deuda de mil millones de pesos con proveedores, obras inconclusas y problemas con diferentes constructoras.
