Chilpancingo, Gro.-
La Comisión de Derechos Humanos en el Congreso de Guerrero propuso servir de interlocutor entre el gobierno del estado y normalistas que exigen aclarar la muerte de sus dos compañeros, el 12 de diciembre, y pidió a los estudiantes buscar un acuerdo para acabar con los actos de protesta que afectan a la sociedad.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Guerrero, Napoleón Astudillo, informó que junto con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHE), Juan Alarcón Hernández, se ofrecieron como mediadores para solucionar el conflicto educativo derivado del desalojo de manifestantes en la autopista México-Acapulco en el que murieron dos estudiantes y el empleado de una gasolinera incendiada.
A un mes del desalojo, el legislador pidió a los estudiantes y a funcionarios estatales ser “cautelosos” y esperar el informe final de la investigación que “de manera histórica” realiza la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y que se acaten todas las recomendaciones.
Conciencia tranquila
El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, dijo tener “la conciencia tranquila” por lo ocurrido en el desalojo de estudiantes de la normal de Ayotzinapa y la muerte de dos de ellos. “Tengo la conciencia tranquila y limpia; eso sí, el corazón lastimado por sucesos que ya no tienen por qué registrarse y darse nunca mas”, añadió.
Aguirre Rivero anunció que ya se puso en marcha la Universidad Policial en Guerrero, para formar cuadros profesionales que generen mayor confianza entre la sociedad y que a más tardar este enero se inaugura el Centro de Control de Confianza en Acapulco con capacidad para certificar a 900 policías cada mes.
Marcha pacífica
Al cumplirse un mes del violento desalojo en la Autopista del Sol, estudiantes de Ayotzinapa marcharon de manera pacífica por el centro de Chilpancingo para exigir castigo para los responsables de la muerte de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.
Unas tres mil personas marcharon desde el museo La Avispa hasta el Palacio de Gobierno, donde corearon consignas en contra del gobernador, a quien responsabilizaron de la muerte de los dos estudiantes al ordenar el desalojo.
En la movilización participaron representantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (Fecsum), comuneros de San Salvador Atenco y el Sindicato Mexicano de Electricistas, entre otras organizaciones que advirtieron que continuarán su movimiento por todo el país hasta lograr la renuncia del gobernador.
Poco después, los manifestantes se concentraron en la explanada de la plaza Primer Congreso del Anáhuac, donde demandaron un juicio político en contra del gobernador Ángel Aguirre Rivero y advirtieron que están dispuestos a responder con balas si hay más balas en contra de su movimiento.
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