Cancún, QR.-
Ciudadanos en Cancún se manifestaron este jueves en contra de la eventual promulgación de la Ley de Ordenamiento Social, aprobada por el Congreso de Quintana Roo para restringir y limitar las protestas en el estado y así proteger daños a terceros.
Un grupo de jóvenes, en su mayoría, salieron con mantas y pancartas que acusaban al gobernador del estado, Roberto Borge, de “represor” y fascista”, por respaldar el nuevo mandato aprobado el lunes pasado por la mayoría priísta y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en el Congreso local.
Reunidos en el Monumento a la Historia, localizado en el centro de la ciudad, jóvenes anarquistas -como se identificaron- e integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y docentes de la base magisterial, repudiaron “la Ley Borge”, que obliga a participantes de protestas a abstenerse de manifestarse en lugares públicos de importancia cultural, histórica, arquitectónica y turística.
En cartulinas, el gobernador Borge Angulo fue equiparado con el ex presidente, Gustavo Díaz Ordaz y se le acusó de intensificar las acciones represivas en el estado.
El presidente de la organización civil Ciudadanet, Maximiliano Vega Tato, llegó para participar en la protesta con una Constitución mexicana en la mano para dejar en claro que ese es el permiso de todo ciudadano para manifestarse libremente desde hace más de 90 años.
La nueva Ley de Ordenamiento Social exige a los participantes y organizadores de marchas y plantones que den aviso a las autoridades con 48 horas de antelación del sitio, las razones, los nombres y la ruta que seguirá la manifestación.
El contingente caminó a lo largo de la avenida Tulum, justo en el tramo por donde se realizan las obras para remodelar dicha arteria, hasta el Monumento de las Estrellas y los Caracoles o glorieta del Ceviche, la cual rodearon para retornar por el carril contrario con dirección al Palacio Municipal.
En su explanada, de cara al balcón de la presidencia municipal, los manifestantes gritaron “fuera Borge, fuera Borge”, “fuera Paul, fuera Paul”, esto último, en alusión al alcalde, Paul Carrillo.
“14 de octubre no se olvida, no se olvida”, expresaron, para luego explicar que esa es la fecha en que los maestros disidentes fueron sometidos a golpes por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Benito Juárez, cuando se manifestaban en la explanada.
A decir de las autoridades municipales, la disolución de la protesta se ordenó para proteger las instalaciones del Palacio Municipal, así como a los trabajadores al interior, debido a la supuesta intención de los docentes de entrar por la fuerza a las oficinas de la presidencia municipal.
“Los artículos 1, 6, 7, 9, 11 y 16 de la Constitución nos permiten estar aquí, en frente del ayuntamiento mostrando nuestra inconformidad con la nueva Ley de Ordenamiento Social que quiere imponernos. Sólo falta que Borge dé el visto bueno, porque dijo que la va a revisar”, expuso Gerardo García, secretario de comunicación de Morena.
Al tomar la palabra, otro joven dijo que en el estado: “no tenemos libertad para informarnos y ahora tampoco para expresarnos”.
García reprochó la ausencia a la marcha del Partido Acción Nacional (PAN), que solicitó al gobernador el veto a la ley, y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que informó que buscaría que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), promoviese un acto de inconstitucionalidad en contra del mandato.
El municipalista Jaime Rendón agregó que esta es la oportunidad para que el nuevo presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHQROO), Harley Sosa, se pronuncie y emita su primera recomendación a lo que consideró, es una violación a las garantías constitucionales de los quintanarroenses.
En contraste, el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Pedro Flota Alcocer, recriminó al PAN y al PRD, el pronunciarse en contra de una ley que regule las protestas y defienda a los terceros afectados por éstas, mientras promueven leyes similares en el Distrito Federal, Oaxaca y San Luis Potosí.
Mediante un comunicado de prensa, Flota Alcocer calificó como una “incongruencia” la postura de ambos institutos políticos y recordó que en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ambos partidos han aprobado modificaciones a códigos para aumentar las sanciones a quienes alteren el orden público y se conduzcan con violencia.
También citó el caso de la Ley de Manifestaciones, promovida por el legislador capitalino, Federico Döring, del PAN, o una ley similar que fue presentada el miércoles por diputados del PRD, en Oaxaca.
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