Ciudad de México.-
El ex gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, sigue interno en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, pese a la instrucción de la jueza Segundo de Distrito, Angélica del Carmen Ortuño, quien el pasado 10 de agosto determinó modificar la medida cautelar de prisión preventiva a resguardo domiciliario, para que enfrente su proceso penal, por su probable responsabilidad en el delito de tortura en agravio de la periodista, Lydia Cacho.
El asunto ameritó que la jueza notificara vía oficio sobre la amonestación al coordinador general de Control Penitenciario y al director del Centro Federal de Readaptación Social número 1 –El Altiplano– para que “de manera inmediata” se dé cumplimiento a la modificación de medida cautelar, a fin de “poner en inmediata libertad al procesado”.
Lo anterior implica que Marín Torres debe ser excarcelado y quedar a disposición del personal de la Dirección General de Seguridad Procesal de la Unidad de Órganos Especializados por Competencia de la Guardia Nacional, para ser trasladado de El Altiplano, en el Estado de México, a su casa, en Puebla.
En su domicilio deben programar y colocarle el brazalete electrónico ordenado por la jueza, cuya empresa debió elegir el exmandatario estatal, quien tiene prohibido abandonar el país.
El coordinador general de Control Penitenciario, Sergio Alberto Martínez Castuera, respondió, también vía oficio SSPC/ PRS/ CGCP/ 44091/ 2024, girado ayer a la jueza, que se encuentran realizando las gestiones conducentes para cumplir con su instrucción.
El también general de División del Estado Mayor (DEM), argumentó que, de las 43 solicitudes realizadas a las diferentes dependencias de la Fiscalía General de la República (FGR), así como a las Fiscalías de Justicia de las 31 entidades federativas y de la Ciudad de México, falta que 15 les informen si Mario Marín “cuenta con órdenes de aprehensión, carpetas de investigación o procesos penales pendientes”.
Por lo anterior le solicitó a la jueza una “prórroga” para recabar las respuestas faltantes de las autoridades requeridas.
Actuación de la jueza, “inesperada e incomprensible”
El sábado pasado, la jueza Ortuño Suárez resolvió modificar la medida cautelar de prisión preventiva que ella misma le dictó a Mario Marín originalmente, para permitirle esta vez enfrentar su proceso en casa, contrario a las tres veces en que le había negado ese beneficio.
La abogada, Aracely Andrade Tolama, quien forma parte de la defensa legal de Lydia Cacho, calificó la determinación de la juzgadora como “inesperada e incomprensible” y la objetó, al igual que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en contra de la Libertad de Expresión (Feadle) y la Fiscalía General de la República (FGR), presentes en la audiencia celebrada por videoconferencia.
“Tomamos la palabra y por supuesto le dijimos que no estábamos de acuerdo. Yo de plano le dije ‘no la entiendo’, porque estaba tomando una decisión distinta, con las mismas pruebas y elementos que analizó para dictar la prisión preventiva y negarse tres veces a modificarla”, expresó.
En entrevista con EL UNIVERSAL, explicó que el origen de la decisión tomada por la jueza surge de un amparo redactado de puño y letra por el propio Marín Torres, abogado de profesión, quien incluso se había quedado sin defensores particulares y era asistido por un defensor de oficio.
La demanda 865/ 2023, que consta de 70 hojas, la presentó ante la jueza Tercero de Distrito, Ana María Nava Ortega, precisamente en contra de la negativa de la jueza Angélica del Carmen, a modificar la medida cautelar que le impuso.
Andrade Tolama indicó que la jueza Nava estimó que su par en el Juzgado Segundo de Distrito debía revisar si había otras medidas cautelares “más adecuadas” y “menos lesivas”, que pudiesen dictaminarse en el caso de Marín y si decía refrendar la prisión justificada, fundar y motivar por qué, respecto a puntos específicos que le marcó.
“En resumen, le dijo: Mantienes la prisión preventiva, la explicas bien o la cambias. Entonces nosotros pensamos que la juez Segundo solo iba a justificar bien la negativa de modificar la medida cautelar y… ¡la cambió!”, detalló.
Entre los aspectos que llamaron la atención de la abogada, respecto a la resolución de la Jueza Tercero de Distrito, mencionó que no permitió que hubiese debate entre las partes cuando se diera la audiencia para resolver el amparo.
“Obviamente yo sí intervine y le dije a la juez que no la entendía y que cómo quería que se los explicáramos a Lydia (Cacho), ya que es incomprensible. Con las mismas pruebas, el mismo caso, habiéndole negado antes el cambio de medida cautelar, con el riesgo de que se evada, porque por algo lo trasladaron a un penal de máxima seguridad”, expuso Andrade.
Sobre el brazalete que debe portar Marín, la abogada consideró que no es una medida eficaz, toda vez que hay casos en los que procesados se lo han quitado y hasta lo han presumido, como sucedió con el empresario y ex aspirante a la presidencia de México por la vía independiente, Carlos Mimenza, recordó.
Agregó que mañana vence el plazo para apelar el cambio de medida cautelar dictado por Ortuño Suárez y, en 10 días, el amparo en revisión que promoverán contra la resolución de Nava Ortega. En ambos casos, la defensa legal de Cacho Ribeiro presentará los recursos correspondientes.
