Cd. de México.-
En México hay 5 mil programas federales y estatales enfocados a terminar con los rezagos sociales y abatir la pobreza, que no funcionan porque tienen problemas de diseño, están fragmentados y dispersos, no tienen continuidad y tampoco se complementan.
El resultado es una cartera muy amplia de programas sociales que no van a lograr abatir la pobreza pero dan la oportunidad de generar rendimientos políticos y electorales para los actores políticos encargados de promoverlos, lamentaron los investigadores Cinthia Michel y Guillermo Cejudo, durante el cuarto foro del seminario “Federalismo Constitucional Mexicano”, que se lleva a cabo en el contexto de la celebración por el centenario de EL UNIVERSAL.
Guillermo Cejudo (secretario académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas -CIDE- e investigador de la División de Administración Pública de esta institución, especializado en evaluación de políticas públicas), explicó que existen más de 5 mil programas federales y estatales para abatir la pobreza 2 mil 333 son federales y muy ambiciosos como Prospera; pero también hay 2 mil 692 programas local, algunos de los cuales son muy pequeños por lo que tienen menos de mil beneficiarios o presupuestos menores a un millón de pesos.
Pero el hecho de que exista esta cantidad de programas no implica necesariamente que haya avances en la resolución de problemas que se plantean; puesto que la mayoría de ellos ni siquiera están planeados.
Por ejemplo, sólo 20% de los programas estatales y municipales tienen reglas de operación para indicar a qué población se atiende, para qué y cuál es la problemática que se pretende abatir, por lo cual no posible saber qué hacen ni medir si tienen impacto.
Mientras que en el caso del gobierno federal, la mayoría de los programas tienen reglas de operación. Sin embargo, también tienen sus problemáticas específicas.
Por ejemplo: existen 80 programas que tienen el objetivo de abatir carencias sociales; sin embargo, 50% de ellos están concentrados en abatir la carencia de ingresos (una sola de las seis carencias mediante las cuales se mide la pobreza) además de que son apoyos similares dirigidos a poblaciones similares, por lo cual, la contribución real que tienen para avanzar en esa carencia es mínima.
“Se generan vacíos interinstitucionales en los programas (por lo que) incluso con coordinación y coherencia, no se podría resolver el problema de la pobreza. Se tendrían que tomar decisiones concretas viendo el panorama completo, pero en la política social mexicana esto no ocurre”, explicó Cinthia Michel, investigadora del CIDE especializada en Administración Pública.
Uno de los problemas más graves es que no están descritas las competencias, esto quiere decir que las leyes mexicanas no son claras en determinar a qué instancia de gobierno corresponde responder a qué problemática.
Esto afecta porque cada gobierno (municipal, estatal o federal) termina eligiendo qué problemática quiere atacar, elección que se hace no necesariamente con base en una aspiración de terminar con alguna problemática en el largo plazo o darle continuidad a alguna política pública, sino con incentivos meramente electorales.
“Son programas que no se refuerzan ni se complementan, políticas intergubernamentales sin corresponsabilidad. Hay una obsesión por obtener rendimientos políticos electorales”.
“Si un presidente municipal tiene recursos para hacer seis acciones de vivienda, puede darle recursos a seis personas o puede construir una casa completa y sacar a una sola persona de la pobreza. El estímulo electoral me dice que si le doy a seis personas estas acciones de vivienda, ninguna saldrá de la pobreza ni se resuelve el problema pero maximicé el efecto electoral de mi recurso. Necesitamos resolver los efectos perniciosos de estos incentivos al acotar estas zonas de ambigüedad, estableciendo competencias (para cada ente de gobierno)”.
