México no está preparado para aplicar la pena de muerte ni cadena perpetua por sus deficientes e imperfectos sistemas de justicia y penitenciarios, asegura Fernando Rangel de León, ex secretario del Colegio de Abogados de la Laguna.
Por ello, se correría el riesgo de ejecutar estas sentencias a un inocente, al menos que sorprendieran infragantes a los responsables penales de la comisión de delitos graves, como son el secuestro y homicidio.
Solamente así, dijo, pudiera ser la aplicación de estos castigos, porque así no habría duda de su responsabilidad penal.
Por la imperfección en la procuración y administración de justicia y otros rubros relacionados a la seguridad pública, se pudieran cometer con esas penas muchas injusticias y pérdidas de vida de inocentes, insistió.
Consideró el profesional del derecho que antes de pensar en esas sentencias, hay que pensar en combatir la corrupción al interior del sector judicial, y una forma de acabar con ella es sancionar a los servidores públicos que dejan en la impunidad muchos delitos.
“Por no esclarecerlos dejan sin castigo a los responsables, y por ello se debería procesar penalmente a los encargados de procurar e impartir justicia por no cumplir con su deber”.
Es claro, agregó, si a los delincuentes no se les castiga, va a seguir la impunidad que proviene de los gobernantes y de los que deben aplicar la ley. Por estas pifias se corre el riesgo que algunos inocentes puedan ser condenados a muerte o cadena perpetua.
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