México, D.F.-
México vive un momento de transición clave que podría traducirse en un crecimiento importante en el que el campo debe ser incluido con una reforma integral agraria, así como el estudio de las reformas alcanzadas y que afectan al campo.
Así lo plantearon los participantes en la Convención Nacional con Organizaciones Campesinas del Congreso Agrario Permanente (CAP), donde el titular de la Procuraduría Agraria, Cruz López Aguilar, destacó los alcances de reformas como la energética.
En su intervención, López Aguilar destacó que la Ley de Hidrocarburos y la de Industria Eléctrica otorgan nuevas facultades y atribuciones para proteger la propiedad social e impulsar el desarrollo ordenado del territorio nacional a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu).
Es ahí, añadió, donde se presenta la oportunidad para el campo de profundizar el conocimiento de estas leyes, para evitar riesgos para los campesinos cuando sus propiedades se vean involucradas en los procesos de extracción y producción de energéticos.
Consideró que la reforma energética constituirá un motor importante del desarrollo económico del país, capaz de transformar y elevar la calidad de vida de los mexicanos, pero ahora el reto es aterrizarla para llevarla a un eficiente aprovechamiento.
En ese sentido, el coordinador del Congreso Agrario Permanente, Luis Gómez Garay, aseguró que el país avanza buscando su modernización en el marco de una filosofía y una práctica económica que aún hoy es cuestionable.
Explico que ello se debe a que en la últimas décadas el desarrollo del país ha generado profundos cambios en la capacidad productiva que conforman la riqueza de la nación, sin que ello haya significado el desarrollo armónico de todos los sectores de la sociedad.
La propiedad social, que constituye más de la mitad del territorio nacional, con su gran riqueza de recursos, su diversidad y potencial, no debería dar espacio para la pobreza ni la precariedad económica de las comunidades rurales, aseveró Gómez Garay.
Sin embargo el campo continúa siendo el sector más olvidado, ya que no se presentan las oportunidades de desarrollo e inversión que requiere, sino que se le limita bajo diversas políticas de protección como las antiinflacionarias.
Al respecto, Gómez Garay cuestionó que empresas como Walmart hayan tenido importantes utilidades de hasta 22 mil 254 millones de pesos, cuando son éstas las que pagan precios muy bajos a sus proveedores y campesinos, logrando ganancias desmesuradas a su costa.
Ante este panorama y considerando que las reformas institucionales se han constituido en bandera de desarrollo del país, subrayó que se requiere de coraje para elaborar una reforma estructural que resuelva de fondo la crisis productiva que vive el país desde hace tres décadas.
“Hoy se requiere valentía y coraje para elaborar una reforma estructural al campo incluyente, integral, y progresista que impida que los productores mexicanos exporten sus empleos a los países exportadores de alimentos”, subrayó.
Discussion about this post