Cuernavaca, Mor.-
Tocaron a la puerta y Miguel Cervantes atendió. Era personal de la Procuraduría de la Defensa del Menor que, en atención a una queja interpuesta en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, querían constatar las condiciones familiares de Daniel, un pequeño transexual de ocho años. Así Carmen y José, padres del menor Daniel, consideraron que de súbito pasaron de víctimas a victimarios.
Su historia comenzó a finales de 2013 cuando los padres de Daniel recibieron un recado de Fundación Don Bosco, una institución educativa privada a cargo del sacerdote Antonio Sandoval, presidente del Consejo de Desarrollo Social del estado. El plantel se ubica en la colonia Carolina de Cuernavaca y el motivo del recado era informar sobre el mal comportamiento de Dany.
A partir de entonces los padres del pequeño enfrentaron un hostigamiento por parte del personal administrativo y académico, quienes señalaban al menor por sus tendencias transexuales ya que el infante se asume como niña desde los cinco años de edad.
“Desde que inscribí a mis hijos —Dany tiene un gemelo—, comenté la situación de mi hijo y me dijeron que en la fundación ‘había espacio y lugar para todos’”, relató Carmen.
Pero esa afirmación se diluyó cuando abrumaron a los padres con recados de los profesores acusando mal comportamiento de Dany, rabietas e incluso un supuesto intento de suicidio.
“El niño enfrenta serios problemas psicológicos, se puso en un riesgo gravísimo y no sólo a sí mismo, también para sus compañeros”, declaró el padre Sandoval para justificar la expulsión de la que fue objeto el niño, a mediados de mayo pasado.
Batalla legal
Los padres de familia y Susana Díaz, representante de la organización Derechos Humanos “Digna Ochoa”, emprendieron una batalla en contra de lo que consideraron un acto de discriminación por las tendencias sexuales del menor de ocho años.
“Carmen y José así como personal docente de la fundación se reunieron para tratar el comportamiento de Daniel a principios de año. Hubo un par de reuniones donde se estipuló que los padres debían estar más al pendiente del niño si notaban cambios de humor”, relató Susana Díaz.
“De igual modo la escuela se comprometía a dar talleres de diversidad sexual, ya que los papás y Dany denunciaron el acoso que sufría el estudiante de parte de algunos de sus compañeros, incluso de la misma maestra encargada del tercero B, Edith “N”, quien simplemente ignoraba a Daniel si él se quejaba de alguno de sus compañeros”, acusaron los padres de la víctima.
“Nunca hubo un sólo taller”, dijo Carmen.
A mediados de mayo el pequeño fue suspendido de forma indefinida. “Es muy berrinchudo, no tiene un buen comportamiento e incluso tiene tendencias suicidas”, argumentaron docentes y directivos, sin que, en ese momento, constara algún certificado médico o psicológico oficial.
Ante ello los papás y Susana Díaz interpusieron la queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) por discriminación, y también lo hicieron ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).
El visitador de la CDHEM, Daniel Portugal se hizo cargo de la queja y acompañó a los padres a la escuela, para que el pequeño fuera recibido y pudiera terminar con su ciclo escolar. De nada sirvió, Dany fue rechazado de nueva cuenta.
“Le sugerimos a la mamá que le pusiera un psicólogo sombra —que acompañara a Daniel en todo momento—, pero al parecer los papás se negaron”, declaró el padre Sandoval Tajonar. Dany terminó el ciclo desde casa. Carmen y su esposo cambiaron de escuela a sus dos pequeños.
Como la queja ante Derechos Humanos sigue su curso, los padres buscaron practicar un diagnóstico al menor. En el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), en la Unidad de Orientación al público, la doctora Mayra Santoveña Arredondo, luego de cinco sesiones con el menor, determinó que “Daniel ‘N’, no presenta signos de un estado emocional ansioso o depresivo que lo ponga en riesgo contra sí mismo”. El dictamen tiene fecha del 14 de julio.
El resultado fue reportado a la CDHEM “pero no metimos el oficio entonces porque quien llevaba el caso, Daniel Portugal, estaba de vacaciones y nos comentó que regresaría hasta el 18 de agosto”, relató Susana.
De víctimas a victimarios
El 11 de agosto pasado Carmen recibió una llamada inquietante. Era Lucero Manzanares, directora de Trabajo Social del DIF estatal quien pedía una visita domiciliada. Al cuestionarle las razones, fue enterada que Fabiola Colín, secretaria técnica de la CDHEM pidió, con carácter de urgente, una visita a casa de la familia de Daniel por supuestos maltratos.
Carmen se negó a recibirlos, sin embargo, personal de la Procuraduría del Menor y la Familia, un psicólogo y un trabajador social se presentaron en su domicilio. Miguel, les impidió el paso.
Al presentarse en la CDHEM, el personal del lugar dijo que “la licenciada Colín sólo obedece órdenes de la presidenta”. Se refieren a Lucero Benítez Villaseñor, titular de la Comisión.
“No permitiré intromisiones en la vida de mis hijos”, advirtió Carmen en el oficio que dejó en Derechos Humanos. “Tres meses después que violentan a mi niño (Daniel) ninguna autoridad ha hecho algo para apoyarlo.
“Si la CDHEM quiere que mi hijo sea entrevistado por un psicólogo, le ruego me fundamente y motive tal petición”, se lee en el oficio que entregó a dicha instancia para Benítez Villaseñor.
“Por qué no investigan a Fundación Don Bosco, mi hijo ha sido la víctima”, cuestionó Carmen.
El caso continúa ya que la CDHEM reiteró la petición urgente para que la familia de Daniel sea inspeccionada a fondo. “Nos quieren hostigar para que quitemos la queja pero no lo van a lograr, nadie nos ha detallado los motivos de la supervisión ni quién la promueve”, advirtió la madre de los pequeños gemelos.
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