México, D.F. / Agosto 10.-
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contribuye a que impere la impunidad en casos de violaciones a las garantías individuales cometidas por elementos del Ejército mexicano, las cuales se han incrementado ocho veces en lo que va del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.
Así lo demuestra la investigación Desempeño de la CNDH en la atención de quejas contra la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), elaborada por académicos del Programa Atalaya, iniciativa en la que participan el ITAM, Fundar, Centro de Análisis e Investigación y Flacso México.
El estudio también documenta que la comisión, presidida por José Luis Soberanes, oculta información que es importante para determinar si existió violación a los derechos humanos. Incluso, reserva datos que la propia Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sí hace públicos.
De acuerdo con el documento, la comisión no hace investigaciones suficientes para sustentar que elementos del Ejército Mexicano violaron derechos humanos; además, cuando existen evidencias de que sí ocurrieron, la comisión las “soslayó, ignoró, malinterpretó, minimizó, o de manera injustificada desvió el núcleo de los hechos hacia aspectos colaterales con el propósito de justificar la conclusión
de los expedientes”.
También encontró que en los casos en los que la CNDH contaba con información que acreditaba la existencia de “irregularidades atribuibles a las autoridades”, el organismo autónomo se abstuvo de formular quejas o denuncias ante las instancias competentes. “Con ello dejó a los quejosos sin su respaldo frente a la autoridad para la activación y seguimiento de dichos procedimientos”, detalla el texto.
El Programa Atalaya identificó que, de acuerdo con los expedientes revisados, cerca de la mitad son quejas presentadas por miembros del mismo Ejército mexicano, sobre todo, por violación a sus derechos laborales y a la salud, como consecuencia de los trámites para el retiro forzoso del servicio activo.
El resto de las quejas son presentadas por civiles que sufrieron alguna violación a sus derechos por parte de miembros de las Fuerzas Armadas.
Antonio López Ugalde, investigador del Programa Atalaya, explica que la investigación permitió identificar que el organismo concluye muchas quejas “sin que se ventilen las violaciones y sin que otras autoridades intervengan para sancionar a los responsables”. Por ello, señala que, “por omisión, la CNDH contribuye al clima de impunidad”.
Más papistas que el Papa
Para su investigación, el Programa Atalaya solicitó a la Sedena, a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, expedientes de quejas por violaciones a los derechos humanos.
En total, recibió 110 expedientes; eligió los primeros 28 proporcionados por la secretaría. Después, solicitó a la CNDH una copia de estos expedientes.
De la comparación de expedientes surgió un hallazgo:
“La CNDH tuvo, en materia de transparencia, un desempeño más opaco que la Sedena… en diversos casos, el organismo defensor tachó, inhabilitó o suprimió información contenida en las quejas, que la Sedena no ocultó” en los expedientes proporcionados al Programa Atalaya.
“No se trata de información que debiera considerarse reservada o confidencial (datos personales), sino de información relacionada con los hechos presuntamente violatorios denunciados por los quejosos”, señala.
López Ugalde menciona: “Es casi inexplicable que el organismo protector de los derechos humanos se comporte con más opacidad que la propia Secretaría de la Defensa Nacional”.
Esta opacidad, señala, preocupa sobre todo en casos en donde los datos “tachados” son evidencias de que sí existió una violación a los derechos humanos.
Por ejemplo, está el caso de un desertor del Ejército. En la queja se menciona que, durante su detención, efectuada por agentes de la Policía Judicial del estado de México, fue golpeado antes de llevarlo al Campo Militar.
En el expediente entregado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se tachó la información sobre el reporte del médico, donde se certificaba que sí fue torturado.
“Lo más lamentable es que el expediente se concluye (a CNDH) sin ningún señalamiento a la autoridad por la situación física del detenido”, apunta el investigador López Ugalde.
Indica que, en algunos expedientes, se detectó que personal de la organismo defensor de los derechos humanos suprimió la información con la intención de “dejarnos sin elementos para valorar el desempeño de la CNDH. La comisión apuesta a la falta
de transparencia”.
El estudio también resalta que se ha observado un “drástico incremento” en las quejas contra la Sedena. Mientras en 2006 se abrieron 182 expedientes en la CNDH contra el Ejército; en 2008 la cifra se elevó a 1,019 y en 2009, hasta el 15 de junio, se tenían registradas 703 quejas, según datos de comisión.
“A partir de que comenzó este sexenio, las quejas se incrementaron hasta 8 veces”, asegura Antonio López Ugalde.
Violaciones individuales y colectivas
Los resultados de la investigación del Programa Atalaya muestran que los derechos que más son vulnerados por los miembros del Ejército son: el derecho a la legalidad, a la seguridad jurídica, a la integridad física y psicológica, a la libertad personal y a no ser acusado falsamente.
Una queja común en contra de elementos del Ejército, desde que éste participa en los operativos de seguridad pública del gobierno federal, es por la detención arbitraria de civiles.
Uno de los expedientes analizados en este informe es el relacionado con la detención de dos jóvenes mayas, retenidos por soldados durante más de 10 horas sin que los asistiera un abogado o algún traductor.
Después de revisar los documentos oficiales, el Programa Atalaya concluyó que la CNDH cerró este expediente sin considerar las contradicciones y las imprecisiones de las autoridades involucradas. Tampoco realizó una investigación a fondo, invalidó las declaraciones de los agraviados y legitima la acción de
las autoridades.
Los quejosos enviaron cartas a los más altos funcionarios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para manifestar su inconformidad por la “atención” que se dio a su queja.
“Las deficiencias e irregularidades de la investigación emprendida por la CNDH, no pueden atribuirse sólo a la falta de capacitación o la negligencia de su personal, sino a una política tolerada por quienes dirigen el organismo, en tanto que no pusieron remedio a las mismas a pesar de haber sido alertados con oportunidad”, destaca el informe.
Una queja poco habitual en contra del Ejército es por la violación del derecho a un ambiente sano. Sin embargo, en los expedientes analizados y no hechos públicos por el organismo nacional se encontró un caso.
Se trata de la inconformidad denunciada por los habitantes del área aledaña a la Quinta Zona Militar, en Chihuahua, donde el Ejército incineró, a medias, mariguana incautada. De acuerdo con el expediente, los quejosos señalaron que la mariguana se quemaba por las noches y “el humo inundaba las colonias… provocando dolores de cabeza”.
Debido a que los militares no incineraron toda la droga, al día siguiente, los adolescentes de la colonia podían entrar a la Quinta Zona Militar y recoger los restos, porque no existía vigilancia en el lugar. Personal de la CNDH entrevistó a los vecinos y recabó evidencias que permitían validar la existencia de la violación al derecho a un ambiente sano, pero al final, omitió sus testimonios.
Meses después de presentada la queja, la comisión concluyó el expediente descartando cualquier violación a los derechos humanos, aunque sugirió a la quejosa presentar una denuncia ante el Ministerio Público.
En el informe se explica que en varios casos analizados la comisión contaba con información que acreditaba “la existencia de irregularidades” y sin embargo, el organismo “se abstuvo de formular denuncia o queja ante las autoridades competentes…”.
El informe Desempeño de la CNDH en la atención de quejas contra la Secretaría de la Defensa Nacional concluye que “la Comisión ha desaprovechado la oportunidad de analizar, sistematizar y utilizar la información” contenida en las quejas, para impulsar cambios o reformas de carácter estructural que permitan prevenir o evitar las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército mexicano.
Discussion about this post