MÉXICO, D.F.- El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, instó ayer a las autoridades mexicanas a investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables de lo ocurrido en Tlatlaya.
“A un año de los hechos, los avances en la investigación para establecer lo sucedido en Tlatlaya resultan insuficientes, negándose el acceso inmediato a la justicia de las víctimas y sus familias”, declaró el experto en derechos humanos.
En un comunicado, difundido por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México señaló que “las autoridades civiles tienen la obligación de investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables de las presuntas ejecuciones extrajudiciales”.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos estableció que al menos 12 de las muertes fueron ejecuciones extrajudiciales.
Sin embargo, la Procuraduría General de la República ha procesado a siete militares por la muerte de ocho civiles, y afirma que el resto murieron durante la operación.
El Relator Especial también expresó su preocupación por la falta de avances significativos en las investigaciones.
“Las autoridades mexicanas también tienen la responsabilidad de garantizar la protección de las testigos y las familias de todas las víctimas de Tlatlaya”, señaló el señor Heyns.
También, Amnistía Internacional (AI) exigió a las autoridades civiles mexicanas investigar con urgencia un documento militar revelado recientemente por organizaciones civiles en el sentido de que la muerte de 22 personas cometida en junio de 2014 fue resultado de una orden de “abatir delincuentes” y no de un enfrentamiento entre soldados y una banda delictiva.
El organismo internacional señaló que esa orden militar ha salido a la luz en medio de la crisis de derechos humanos más grave de la historia reciente de México, con miles de personas asesinadas o desaparecidas.
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