Cd. de México.-
A un mes de que termine el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y su grupo de abogados insisten en que los expertos permanezcan en el país hasta dar con su paradero; de obtener una respuesta negativa por parte del Estado mexicano la ruta será demandar por violaciones a los derechos ante instancias internacionales.
Vidulfo Rosales, abogado de los familiares, dijo a EL UNIVERSAL que presentaron la solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el GIEI tenga otra prórroga. Utilizarán el punto número 10 del acuerdo, que indica que “el mandato podrá extenderse por el tiempo necesario para el cumplimiento de su objetivo”.
“El día lunes solicitamos en términos formales la prórroga del mandato del grupo de expertos, esa sería la ruta. Será analizado por la CIDH en el próximo periodo de sesiones y de ahí tendría que establecer una resolución, posteriormente se estaría hablando con las partes para llegar a un consenso”, indicó la defensa del movimiento de los padres de los normalistas.
Rosales dijo que por el momento esperarán a que sea la CIDH la que tome la determinación y que en los diálogos con el Estado mexicano se pueda llegar a un acuerdo favorable para que el grupo tenga otra prórroga.
Enfatizó que el gobierno mexicano no puede tomar determinaciones unilaterales cuando tienen compromisos internacionales que firmó para que el GIEI coadyuve en la investigación.
“Hay compromisos que el Estado mexicano tienen al tenor de las medidas cautelares que fueron otorgadas por la Comisión Interamericana a favor de los 43; se obliga a cumplir esas medidas y si no lo hace incurre en responsabilidad internacional y entonces estaríamos llevando el caso por violación a los derechos humanos contra el Estado mexicano”, aseguró.
El acuerdo que firmaron representantes del Estado mexicano y la CIDH, el 12 de noviembre de 2014, indica en el punto 10 que “el mandato del Grupo Interdisciplinario será de seis meses y podrá extenderse por el tiempo necesario para el cumplimiento de su objetivo, en consulta de la CIDH con las partes. El Grupo Interdisciplinario estará facultado para actuar como coadyuvante en la investigación, así como presentar las denuncias penales para la persecución del delito que corresponda ante las autoridades competentes, de conformidad con la normativa mexicana vigente”.
