Chilpancingo, Gro.-
Organizaciones de familiares de personas desaparecidas de Acapulco, Chilapa, Iguala y padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa realizaron el primer foro en el Congreso local, en el que acordaron unificar sus búsquedas y hacer la petición de presentación con vida de sus seres queridos de manera conjunta; reclamaron que las instituciones responsables de apoyarlos han sido omisas.
Por primera vez, familias de desaparecidos se reunieron en el marco del Día Internacional del Detenido-Desaparecido, en un foro que llamaron “Entre el dolor y la esperanza: la lucha por la presentación con vida de los desaparecidos”, cuya organización también dependió de la fracción de Movimiento Ciudadano y la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros.
Los inconformes habían solicitado al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, que los escuchara allí, pero no asistió. José Díaz Navarro, de Siempre Vivos, organización de Chilapa, que de 2013 a la fecha tiene documentados más de 75 casos de desaparecidos, 30 de ellos en mayo de 2015, aseguró que desde el recinto se orquestó la irrupción en mayo de civiles armados que identificó con el ex diputado perredista y presidente de la Comisión de Gobierno, Bernardo Ortega, y a pesar de eso hay impunidad y él sigue sin alguna responsabilidad al respecto; dijo que tiene pruebas de las acusaciones.
Díaz es familiar y amigo de cinco profesionistas que desaparecieron el 26 de noviembre de 2014, en los límites de Chilapa con Quechultenango donde, dijo, operan dos grupos delictivos: “Los Ardillos” y “Los Rojos”. A sus seres queridos los encontraron muertos y sin cabeza dos días después.
“Los culpables están en el Congreso causando dolor y muerte….Desde 2005 para acá empezamos a ver en Chilapa como se desató la violencia, veíamos grupos armados en las calles con camionetas blindadas, pero lo más grave se desató de 2013; a la fecha tenemos contabilizados mínimo 500 homicidios y desapariciones tan sólo en Chilapa”, dijo.
Pidió la desaparición de la Policía Investigadora Ministerial, porque desconfían de la corporación y respaldó, a nombre de familias de Chilapa y Zitlala –un municipio en su mayoría de población indígena– que sea el Ejército quien supla esas funciones en la Fiscalía General del Estado (FGE).
Mediante una videoconferencia, el investigador Edgardo Buscaglia, quien ha hecho análisis del narcotráfico en México, recomendó a los familiares buscar el cobijo internacional; incluso, presupuestal, de organizaciones como la ONU, y les dijo que deben unificar peticiones porque en México las instituciones no han dado resultados certeros y necesitan internacionalizar su exigencia.
Recomendó también no fiarse de organizaciones no gubernamentales que reciben recursos, pero no dan avances a las peticiones de quienes tienen a familiares desaparecidos.
Adriana Bahena Cruz, representante de Los Otros Desaparecidos en Iguala, mencionó que en octubre próximo cumplen dos años de buscar en fosas clandestinas de la región Norte, en su mayoría en Iguala, donde desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Desde ese entonces han encontrado 149 restos humanos y entregado 18 “huesos” a sus familias identificadas con bases de datos de ADN que tiene la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV).
En el foro participaron también familiares de desaparecidos en Acapulco, que contabilizaron a más de 500 desaparecidos en los últimos tres años y lamentaron que los protocolos de levantamiento de cuerpos e identificación prácticamente no existan en Guerrero.
Mario González, padre César Manuel, uno de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, lamentó que la comisión de seguimiento del Caso Ayotzinapa, que acordaron en Washington realizar con las líneas de investigación instruidas por los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), no se ha activado y mientras el gobierno federal incumpla seguirán sin diálogo con la PGR.
Discussion about this post