México, D.F.- La ONU se sumó ayer a la presión internacional para que las autoridades civiles de México investiguen a ocho militares arrestados por la muerte de 22 presuntos criminales, y pidió protección para la testigo que los acusó de asesinato a sangre fría.
Este “podría ser un caso de ejecuciones sumarias”, estimó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas a través de un comunicado, mientras que su relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, Christof Heyns, dijo que el “gobierno de México tiene la obligación de investigar a fondo, juzgar y sancionar a todos los presuntos casos de ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias”.
La Secretaría de Defensa Nacional había informado en un inicio que esas 22 muertes fueron producto de un enfrentamiento entre militares y criminales, pero a raíz de que una supuesta testigo de los hechos contradijo esta versión, los soldados fueron detenidos la semana pasada por “desobediencia” e “infracción de deberes”.
Estos arrestos constituyen “un paso en la dirección correcta hacia la justicia para las víctimas y la rendición de cuentas por sus muertes”, comentó Heyns, al recalcar que estará observando “de cerca” el desarrollo del caso.
La testigo aseguró a la revista Esquire que 21 de los muertos, entre ellos su hija de 15 años, fueron ejecutados a sangre fría a pesar de haberse rendido y que sólo una persona murió en el enfrentamiento, ocurrido el 30 de junio en Tlatlaya, una localidad ubicada en la violenta región de Tierra Caliente en el estado de México, a 240 km de la capital.
Otro factor que ha atizado las dudas sobre este caso es que sólo un soldado fue herido en el tiroteo.
Es necesario “realizar una investigación rápida e independiente sobre esas muertes”, añadió la ONU, que pidió “medidas urgentes de protección” para las únicas tres sobrevivientes: la testigo y otras dos mujeres detenidas por posesión de armas de fuego y crimen organizado.
Tanto las autoridades castrenses como la Fiscalía General de México realizan sendas investigaciones.
La petición de la ONU se suma a la realizada por la ONG internacional Human Rights Watch (HRW), que estima que en este caso hay un doble crimen: “la masacre y el encubrimiento”.
Por su parte, el gobierno de Estados Unidos, que otorgó mil millones a México en ayuda para fortalecer sus fuerzas en el combate al narcotráfico, ha pedido una “revisión creíble” del caso por parte de autoridades civiles.
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