México, D.F.-
Por lo menos una docena, de los más de cien detenidos por el caso de la desaparición de los 43 normalistas, presentaron quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por tortura, tratos crueles y alteraciones en el debido proceso, informó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Al presentar su tercer informe de trabajo en el que evalúa la actuación del Estado mexicano en el caso Iguala, los expertos de la CIDH, Carlos Beristáin y Claudia Paz, adelantaron que a finales del mes de mayo entrevistarán a María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, quien se encuentra recluida en el penal de Tepic, Nayarit.
En conferencia de prensa expresaron su preocupación por la fragmentación en la investigación, por lo que solicitaron que las 13 causas en seis juzgados se unifiquen a fin de que se tenga una visión integral del caso.
Señalaron que se solicitó a la PGR extender la investigación financiera a otros procesados para verificar los vínculos que puedan existir entre ellos, o incluso con otras personas que no están detenidas.
En un señalamiento que hace a la PGR se menciona que el protocolo de investigación y búsqueda de personas desaparecidas debe ser un instrumento más preciso y que no establezca ningún tipo de obstáculo ni restricción legal a todo tipo de información, ya que la búsqueda debe ser una prioridad.
Mencionaron que uno de los avances que se tuvo fue la voluntad de las autoridades para continuar con la búsqueda de los jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
Dijeron que el pasado 5 de mayo el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos, se reunió con los familiares de los normalistas y se acordó continuar con el proceso de búsqueda y tener un contacto directo entre la PF y los familiares.
Carlos Beristáin comentó que se está a la espera de poder entrevistar a los soldados del 27 Batallón, en Iguala, para contrastar datos y tener su visión de los hechos ocurridos entre el 26 y 27 de septiembre del año pasado.
“Seguiremos recogiendo más información, cuando tengamos consistencia en ello, se informará; mientras tanto, no podemos hacer especulaciones”, dijo Beristáin al leer su informe.
Por otra parte, Claudia Paz afirmó que durante su permanencia en México y en el trabajo de investigación que realizan del caso Iguala, en ningún momento han recibido amenazas.
Comentaron que a partir de los testimonios y el cruce de información, se concluye que la noche del 26 de septiembre las autoridades del municipio de Iguala sabían desde un principio que quienes habían llegado hasta esa localidad eran estudiantes de Ayotzinapa, y que “se encontraban en acciones de boteo y toma de autobuses”.
Informaron que el GIEI elaboró un pliego de sugerencias para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, entre ellas, tener un mapeo completo de las víctimas, mismo que no se tiene; dar pasos para acercarse con las víctimas y familiares para generar confianza y hacer una propuesta de atención a las víctimas.
En tanto, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, recibió por la mañana en sus oficinas a dos de los expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la investigación sobre el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre pasado.
Mediante un comunicado, la CNDH indicó que González Pérez dejó en claro a los dos expertos del organismo internacional que la Comisión Nacional llegará hasta el fondo en la investigación sobre los normalistas desaparecidos.
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