México, D.F.-
Un bloque de 18 países liderados por México enviaron un escrito a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, el máximo tribunal de ese país, para expresar su rechazo a la aprobación de la ley SB 1070 de Arizona, y en apoyo a la administración de Barack Obama que ha defendido ante tribunales la inconstitucionalidad de esa norma de corte anti migrante.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer esta noche que el gobierno de México presentó hoy un escrito de “Amigo de la Corte” (Amicus Curiae) ante la Suprema Corte estadounidense, para también respaldar las demandas promovidas por organizaciones de la sociedad civil.
Recordó que previamente se habían presentado escritos similares el 22 de junio de 2010 ante la Corte Federal para el Distrito de Arizona y el 1 de octubre de 2010 ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito.
En el documento, signado también por los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
República Dominicana, así como Uruguay se subraya que la ley SB1070 contiene secciones que “criminalizan la migración y propician su aplicación selectiva, lo que afectaría los derechos fundamentales de los nacionales mexicanos ( y del resto de los países) que residen o visitan Arizona”.
El gobierno mexicano expuso en el documento que la norma “incide negativamente en las relaciones bilaterales e impide la colaboración bilateral efectiva, al pretender crear un esquema migratorio distinto al previsto en la legislación federal”.
También se señaló que “otros estados de ese país han adoptado legislaciones similares, más no idénticas, y que en cada caso el gobierno de México ha respondido al reforzar sus acciones de protección y asistencia consular, y ha expuesto su posición a las cortes estadounidenses”.
Por ello, se informó que México se mantendrá atento al desarrollo de la audiencia de este caso, programada para el 25 de abril, “y continuará haciendo uso de todos los recursos legales a su alcance a fin de salvaguardar los derechos de los mexicanos que viven o visitan Estados Unidos, sin importar su condición migratoria”.
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