Hermosillo, Son. / Julio 27.-
Autoridades de Sonora reconocieron que no están listos para enfrentar deportaciones masivas desde Arizona, de entrar en vigor, el próximo jueves, la ley SB1070 que criminaliza la condición de indocumentados.
El gobernador Guillermo Padrés pronosticó que el retorno de connacionales traerá un incremento de la inseguridad.
Advirtió que los indocumentados pueden caer en “acciones desesperadas” por darle de comer a sus familias.
Ante las probables expulsiones que inicie el gobierno de Arizona, dijo que será necesario reforzar la frontera en materia de seguridad programas sociales, empleo y albergues.
La entrada de los repatriados se prevé por Nogales, uno de los municipios más violentos del estado.
El alcalde de ese ayuntamiento, José Ángel Hernández, adelanta que los albergues que tienen no serán suficientes.
Padrés informó que su gobierno abrirá un canal de comunicación con el resto de los estados para hacer convenios y agilizar el traslado de los migrantes a sus lugares de origen.
Este lunes EL UNIVERSAL publicó el temor de los expertos de que se desate un “drama humanitario” por las eventuales deportaciones masivas.
En Sonora, entidad limítrofe con Arizona, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos anunció que enviará brigadas especiales a los municipios que son puertos fronterizos para brindar asesoría legal y proteger las garantías individuales de las familias que regresen.
El Centro en Investigación en Alimentación y Desarrollo previó un empobrecimiento de las ciudades fronterizas.
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