Cd. de México.-
La reforma educativa no ha logrado terminar de aterrizar y tiene muchos desafíos para avanzar, señaló el investigador Marco Fernández, durante el cuarto foro del seminario “Federalismo Constitucional Mexicano” en el marco de la celebración por el Centenario de EL UNIVERSAL.
Uno de los más grandes retos para poder implementarla, señaló el académico, es el “desastre administrativo” en que se encuentran las entidades con respecto a las irregularidades que mantienen en el pago de su nómina magisterial.
Parte de este manejo opaco de los recursos está relacionado con que, por ejemplo, los estados continúan pagando salarios a comisionados sindicales; sólo en los primeros dos trimestres de 2015, las entidades erogaron 252 millones de pesos de manera indebida en el pago a los comisionados.
Ante las múltiples problemáticas del sector (entre ellas, el fallo en la descentralización de la educación de 1992), el gobierno federal optó por retomar el control de la nómina magisterial.
Ello trajo consigo otros problemas como que no se termina de aplicar el federalismo en la educación, puesto que “la autoridad federal cree que la reforma los ha vuelto los jefes de los secretarios locales”, falta transparencia en la manera en que se implementa la reforma educativa y se establecen responsabilidades; y que vuelven a existir “tentaciones” de centralizar el sistema educativo nuevamente.
En ese sentido, el investigador del Tecnológico de Monterrey y la organización México Evalúa recordó que desde 1992 hubo un acuerdo del gobierno federal con los estatales para descentralizar los servicios educativos, mediante lo cual a las entidades se les transfirieron los recursos para pagar la nómina magisterial.
A casi 25 años de esta determinación, calificó la medida como “una salida falsa” del centralismo puesto que los servicios educativos se siguen manteniendo con recursos federales y la participación de los municipios en el tema es “casi inexistente”.
“La reforma había supuestamente descentralizado la educación y buscaba que los estados tuvieran la administración de los servicios educativos y un papel más activo en el financiamiento de estos servicios. No se ha observado un cambio en la participación del gasto del gobierno federal”.
En ese momento también hubo una resistencia importante por parte del magisterio, puesto que existía el temor de que este acuerdo político de 1992 fragmentara al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en sindicatos estatales, y con ello pusiera en peligro su subsistencia.
Sin embargo, al acordar las “dobles negociaciones” de las condiciones laborales cada año (una con el gobierno federal y otra con los estatales) , “los grandes ganadores de este proceso fueron los maestros. La descentralización fue una política muy efectiva para el magisterio”, comentó.
A raíz de este acuerdo, se generó un “desastre administrativo” en las nóminas magisteriales de los estados puesto que son altamente dependientes de las transferencias federales pero han dado “rienda suelta a la cartera financiada por la Federación (…) No es un problema de recursos, sino de un correcto uso de los recursos y problemas reiterados de corrupción”.
