Responderá Hacienda esta
semana sobre “chuecos”

México, D.F. / Ene. 14
Luego de más de cinco horas de reunión en Palacio Nacional, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) únicamente se comprometió a analizar las peticiones y reclamos realizados por alcaldes fronterizos, organizaciones empresariales y diputados federales en torno al decreto de importación de autos usados, a los cuales les dará respuesta esta misma semana.

Sin embargo, asistentes al encuentro adelantaron un posible rechazo a la modificación de dicho decreto, aunque las reformas solicitadas solamente contemplen la franja fronteriza norte.

Incluso, el alcalde de Ciudad Juárez, José Reyes Ferriz, aseguró que las autoridades dejaron “muy claro” cuáles fueron las motivaciones que llevaron al Ejecutivo federal a establecer los altos impuestos que se deben pagar por internar o regularizar un automóvil de importación.

“El posicionamiento es que no quieren que el Distrito Federal se llene de vehículos, que obviamente sus vialidades ya están muy saturadas y que representaría un grave problema, pero la problemática en las ciudades fronterizas es completamente opuesta a las circunstancias que se tiene en el DF”, advirtió el funcionario.

Por ello, afirmó, los grupos asistentes también “dejamos muy claro cuáles son las afectaciones que se están haciendo, el porqué de las posturas”.

En este sentido, el diputado federal por Juárez, Enrique Serrano Escobar –secretario de la Comisión de Economía e integrante de la de Presupuesto y Cuenta Pública en San Lázaro– explicó que “el decreto puede funcionar para efectos del resto del territorio, pero no para la frontera, la medida no tiene resultados allá, al contrario tiene resultados a la inversa”.

A pesar de ello, aseguró que el subsecretario de Ingresos, José Antonio Meade Kuribreña, con quien fue sostenida parte de la reunión, insistió en que “la medida fue muy consensuada dentro del gabinete económico, que no fue de una sola secretaría, que esto fue de todo el gabinete económico, que se analizaron esos aspectos y que el decreto está vigente y que no se puede detener así nada más”.

Por ello, el legislador priísta difirió de la postura del alcalde Reyes Ferriz, quien observó “buen ánimo de parte de la secretaría de apoyar a la franja fronteriza con esta problemática” y, por el contrario, adelantó una negativa por parte de la dependencia federal.

“Le vemos pocas posibilidades, pues (Meade Kuribreña) dejó muy claro que el decreto ya está vigente, que no se puede detener más que con otro decreto por parte del Presidente”, destacó.

“Para mi gusto –insistió– nos van a decir que no se puede, pero estoy preparando un recurso de inconstitucionalidad en contra del decreto, que no lo puedo presentar yo sólo, pero será presentado en la Comisión Permanente para que, si se consigue la mayoría, si se aprueba el punto de acuerdo, la Cámara de Diputados presente recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”.

De acuerdo con los entrevistados, otro de los acuerdos de la reunión con funcionarios de Hacienda y de la secretaría de Economía, fue la creación de cuatro mesas de trabajo en la que se analizarán los precios de los vehículos y las tarifas para el cobro de aranceles; el tema de las autopartes; los certificados de origen y la comercialización de automóviles.

Pese a ello, el legislador insistió en que las peticiones de los fronterizos no van en el sentido de la negociación de los costos, sino, en primer lugar, en la suspensión de la medida para regresar al antiguo esquema y, posteriormente, convenir las tarifas.

“Lo que queremos es que Hacienda deje fuera ese anexo donde se fijan los precios estimados, se siga trabajando en la misma forma que en el decreto anterior y, entonces sí, entremos en una mesa a definir o consensuar cuáles serían los valores más adecuados porque eso se va a llevar tiempo, varias juntas, vueltas a la ciudad de México y nosotros no podemos seguir esperando”, advirtió el priísta.

Por ello, antes de tomar cualquier medida, alcaldes, legisladores y empresarios esperarán a la respuesta que les proporcione el gobierno federal sobre la posibilidad de congelar ese anexo e ir a la revisión.

En este sentido, el presidente municipal Reyes Ferriz adelantó que en el caso de que se dé una negativa, los alcaldes apoyarían la controversia constitucional propuesta por Serrano Escobar, incluso, con la realización de foros en ambos lados de la frontera en donde se estudien cuáles son las violaciones en las que incurre el decreto presidencial.

A la reunión también asistieron los alcaldes de Nuevo Laredo, Román Garza Barrios y de Reynosa, Tamaulipas, Oscar Luebebert Gutiérrez, así como el diputado federal por Juárez Enrique Serrano y Horacio Garza Garza de Tamulipas.

Finalmente, Reyes Ferriz manifestó que la postura de la Asociación de Alcaldes Fronterizos es firme y no habrá marcha atrás en el sentido de buscar por todos los medios una solución que no afecte la economía de los ciudadanos de la frontera norte, primero a través del diálogo y en caso de que no prospere, se implementarán todos los recursos legales que nacional e internacionalmente se puedan realizar para evitar que esto y que se violente el Tratado de Libre Comercio.

Expuso que la normatividad planteada en el decreto indica que por ejemplo que un vehículo Chevrolet GMC Jimmy 1998 que en el mercado tiene un costo de dos mil 800 dólares, tiene que pagar 71 mil 507.03 pesos para ser nacionalizado.

Otro ejemplo, agregó, es el de un vehículo Suburban 1990 que tiene un costo de mil dólares, por el cual se debe pagar 54 mil 249.37 pesos para poder ser importado.

Manifestó que estos dos ejemplos contradicen el espíritu del TLC que indica claramente que se tienen que eliminar las fronteras para comercializar, y facilitar el cruce por las fronteras del movimiento de bienes y servicios entre los territorios de los países miembros; “este tipo de regulaciones sólo causan desventaja e inequidad a los ciudadanos fronterizos”.

Al respecto el gobernador del estado, José Reyes Baeza, indicó que el tema de los altos costos de los impuestos para la regularización de vehículos fue visto con el secretario de Hacienda. Indicó que se comprometió a revisarlos y en poco tiempo dará una respuesta.

Baeza Terrazas declaró que es necesario que la Federación determine un proceso para las unidades que ya están circulando en territorio nacional.

Indicó que luego que se solucione el problema de las unidades que ya están en México, debe cerrarse la frontera a la entrada ilegal de unidades.

El jefe del Ejecutivo estatal añadió que seguirán los operativos para detener unidades que no estén debidamente identificados. El caso de las unidades modelos 2000 o posteriores no serán regresados a sus dueños.

“Hay algunos que se escudan en el pretexto de que no pueden comprar un automóvil nacional y andan circulando en unidades 2005, 2006 ó 2007, eso no se puede permitir”, comentó.