Ciudad de México.-
El juez de control que vinculó a proceso a Rosario Robles por ejercicio indebido del servicio público, afirmó que la exsecretaria de Desarrollo Social “tiene los medios y los contactos” para darse a la fuga, razón por la que se le impuso la prisión preventiva justificada que cumple en el penal de Santa Martha.
De acuerdo con la resolución emitida por el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna el pasado 13 de agosto, también se consideró que Robles mintió sobre su residencia y que la pena que podría enfrentar es mayor a cuatro años de prisión debido a que cuenta con un agravante.
El documento en el que el juzgador formalizó la medida de prisión preventiva justificada establece que si bien Robles afirmó vivir en el mismo domicilio desde hace 24 años, ubicado en la alcaldía de Coyoacán, existe un informe del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi) donde se afirma lo contrario.
“Existe un informe del Cenapi donde consta que recientemente tramitó una licencia de conducir (licencia oficial) en un domicilio diferente. Lo que implica mentir sobre su residencia y equivale a presunción de riesgo”, indica el resolutivo del juez.
“Hay probabilidad que pueda darse a la fuga, tiene los medios y los contactos”, refirió el juzgador.
A Robles se le vinculó a proceso por ejercicio indebido del servicio público cometido en dos dependencias: la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu); por cada uno recibiría una pena de 2 a 7 años de prisión.
La Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que Robles cometió el delito por omitir informar al expresidente Enrique Peña Nieto, su superior jerárquico, de las irregularidades en las contrataciones de Sedesol y Sedatu que causaron un perjuicio al erario federal por más de cinco mil millones de pesos.
Esta conducta, según la FGR, se realizó de manera reiterada, lo que implica que la acusación emitida por los fiscales incluye un agravante que deriva en que Robles puede ser condenada a pasar más de cuatro años de prisión, con lo que no puede tener acceso a beneficios ni a que se le impongan medidas sustitutivas de la pena de prisión.
“El tiempo en reclusión se le puede contabilizar para una posible sentencia a futuro, por lo que es de mínima intervención”, justificó el juzgador.
“La vigencia de la medida cautelar será por todo el tiempo que dure el proceso y la que se considera proporcional e idónea para garantizar la presencia de María del Rosario Robles Berlanga en el proceso”, apuntó.
El juez fijó como plazo de cierre de investigación dos meses, mismos que culminan el 13 de octubre próximo.
