Zacatecas / Mayo 19.-
La pugna encarnizada entre la gobernadora Amalia García Medina y el senador Ricardo Monreal ha dejado en manifiesto que detrás de las descalificaciones existen intereses vinculados a la narcopolítica. Ambas partes señalan presuntas complicidades con el narcotráfico y actualmente los ataques se han recrudecido en pleno proceso electoral.
La campaña de desprestigio entre los dos políticos ha existido siempre, principalmente desde que Amalia García (PRD) logró suceder a Ricardo Monreal en la gubernatura (2004), desbancando al candidato “monrealista”. A partir de ese momento y en cada proceso electoral interno, local y federal, los agravios suben de tono y han llegado a las denuncias penales, ya sea de manera directa o mediante mensajes velados.
Las primeras acusaciones de “narcopolítica” surgieron en septiembre de 2008, durante la Feria Nacional de Zacatecas, la cual fracasó por la huída de 50% de los comerciantes, presumiblemente porque fueron “extorsionados” y algunos “secuestrados”.
En esas fechas, se hicieron circular correos electrónicos anónimos considerados por la parte gubernamental como autoría de los Monreal Ávila, en los que se le atribuía la ola de secuestros a la gobernadora, a quien señalaban de tener “complicidad y brindar protección a Los Zetas”.
En febrero de este año, David Monreal, actual alcalde de Fresnillo, inició el pleito directo contra el gobierno “amalista” por la distribución de “panfletos” que señalaban la supuesta complicidad de “Los Monreal” con la delincuencia organizada.
Esto derivó en una denuncia penal interpuesta por David, quien aseguró que se trataba de “una guerra sucia” en contra de su familia y de su gobierno, con fines político-electorales.
-Video contra el crimen
En abril de este año, el gobierno estatal difundió un spot sobre las acciones para combatir a la delincuencia organizada y en el que se advierte un mensaje velado.
En el momento que destacan el golpe más fuerte al narcotráfico con el decomiso de 15 toneladas de marihuana encontradas en las bodegas San Felipe, en Río Florido, Fresnillo —inmueble asegurado por la PGR—, se muestran las imágenes de una empresa deshidratadora de chile, marcada con el número de averiguación AP/PGR/ZAC/128/II/CS/2009 y que pertenece a Cándido Monreal, hermano del senador del PT.
Justo en ese instante, una voz refiere que: “Seguiremos (el gobierno estatal) actuando con profesionalismo, rapidez y contundencia en el combate frontal contra a la delincuencia, aunque a algunos se les lastime en sus intereses personales”.
El sábado pasado, día en que 53 reos fueron rescatados del penal de Fresnillo y al reaparecer en el escenario local, el senador ex perredista Ricardo Monreal responsabilizó directamente al gobierno de García Medina del evento inédito, al presumir complicidades de altos mandos, incluso, consideró que el gobierno “descuidaba” las labores de seguridad pública, “por andar en campaña política con la obsesión de querer ganar todo”.
Al cuestionarle, ese día, sobre el propietario de las narcobodegas de Fresnillo, sólo se limitó a mencionar que se trataba de “una artimaña y (que era) parte de la campaña política en contra de él y su familia”.
Esta declaración fue secundada este lunes por el alcalde David Monreal, quien aceptó que dicha deshidratadora era propiedad de su hermano Candido Monreal, pero aseguró que la droga fue sembrada por el gobierno estatal, incluso, dijo que previamente ellos habían denunciado ciertas anomalías y jamás se hicieron públicas.
Entre los reos “liberados” la madrugada del pasado sábado figuran dos sujetos detenidos el 15 de febrero de 2009 en esas narcobodegas, a quienes se les confiscaron diversos accesorios para empaquetar la droga y una efigie de unos dos metros de altura de la Santa Muerte.
Responden al nombre de Reynaldo Piña Resendez, de 48 años y originario de Vicente Guerrero, Durango; y José Cervantes Rodríguez, de 25 años, de Mezquital, Durango.
Actualmente, los principales funcionarios responsables de la Seguridad Pública en el gobierno de Amalia García Medina, también colaboraron en su momento durante el sexenio de Ricardo Monreal.
Carlos Pinto Núñez, secretario General de Gobierno, y Alejandro Rojas Chalico, reciente secretario de Seguridad Pública, en el pasado gobierno se desempeñaron como dirigente estatal del PRD y comisariado regional de la Policía Federal Preventiva, respectivamente.
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