México, D.F.-
La titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, señaló que de los 53 millones de personas en pobreza 60 por ciento está en las ciudades y “ahí es donde se tiene conflictividad social derivada de la profunda desigualdad”.
Al reunirse con integrantes de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, indicó que la prioridad de la política pública en materia social será el combate a la pobreza urbana, focalizando las localidades con más de 100 mil habitantes, pues concentran casi 50 por ciento de esa población.
La funcionaria federal aclaró que se trabajará en las dos líneas de pobreza rural e indígena, pero también dándole su peso a la pobreza urbana porque “si no no estaríamos resolviendo parte de los problemas que viven hoy nuestras grandes ciudades”.
Expuso que la ley que reglamentará la constitución del Coneval como organismo autónomo y definirá los procedimientos para elegir tanto a su presidente como la integración de su consejo “no ha sido discutida y por eso estamos en una circunstancia que nos obliga a ampliar el periodo de sus actuales consejeros”.
Reconoció que en estos momentos hay una agenda muy extensa y cargada en la Cámara de Diputados con temas relevantes, “y me preocuparía muchísimo que nos quedáramos acéfalos en cuanto al consejo durante este periodo”, por lo que se pronunció a favor de aprobar dicho acuerdo de prórroga.
En su oportunidad el presidente de la Comisión de Desarrollo Social, José Alejandro Montano Guzmán, confió en que el próximo mes se apruebe la ley que regirá al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la cual forma parte de la reforma política-electoral.
Durante la primera sesión extraordinaria de esta instancia legislativa, destacó la importancia del tema, pues “hay varios asuntos que se están analizando y tenemos que darle el tiempo necesario para adecuar cada uno de ellos”.
Explicó que el Congreso de la Unión tiene “muchas iniciativas y todas son prioritarias, y si no echamos a andar las leyes reglamentarias no vamos a poder operar las grandes reformas que se han hecho”.
Por ello, dijo, en la sesión se aprobó un acuerdo para prorrogar el periodo de los nombramientos de los investigadores académicos que integran el Comité Directivo y la Comisión Ejecutiva del ahora organismo público descentralizado Coneval, que concluye el 31 de marzo.
Ello hasta que la Cámara de Diputados designe a quienes integrarán el Consejo General del órgano constitucional autónomo que se creará.
“En cuanto se den los tiempos para poder integrar este proceso, se va a aprobar en el Congreso y, por ello, se están viendo aspectos que son de alto contenido como esta prórroga que fue de un consenso de varios secretarios; es una petición, hay sensibilidad y creo que va en beneficio de mejorar a las partes que más lo requieran”, puntualizó.
Conforme a la reciente reforma constitucional en materia política-electoral, se mandata al Congreso de la Unión a expedir dicha ley dentro de los 120 días naturales de la entrada en vigor del respectivo decreto, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero pasado.
Asimismo el Consejo General del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social deberá integrarse dentro de los 60 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto.
En caso de que en dicho plazo no quede integrado continuará en sus funciones el organismo descentralizado denominado Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, hasta que se integre el nuevo.
Cabe señalar que la carta magna establece que el Estado deberá contar con un Consejo de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, a cargo de la medición de la pobreza y de la evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social.
Además dicho órgano emitirá recomendaciones en los términos que disponga la ley, la cual establecerá las formas de coordinación del órgano con las autoridades federales, locales y municipales para el ejercicio de sus funciones.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social deberá estar integrado por un presidente y seis consejeros que deberán ser ciudadanos mexicanos de reconocido prestigio en los sectores privado y social, así como en los ámbitos académico y profesional.
También deberán tener experiencia mínima de 10 años en materia de desarrollo social, y no pertenecer a algún partido político o haber sido candidato a ocupar un cargo público de elección popular.
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