México, D.F.-
El Senado de la República interpondrá una controversia constitucional contra el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el acuerdo mediante el cual se determinó aplazar las Reglas de Portabilidad Numérica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de este año.
A petición del senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Zoé Robledo, se instruyó a la dirección jurídica de la Cámara Alta para iniciar las acciones del proceso jurisdiccional correspondiente, justificando la urgencia con el interés social o el orden público, y con base en ello solicitar que la citada controversia constitucional se substancie y resuelva de manera prioritaria.
Este recurso que será presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación obedece a que con este acuerdo el IFT, excedió sus facultades, al proponer a través de sus reglamentos, un plazo superior al que marca la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en su artículo trigésimo octavo transitorio.
Zoé Robledo recordó que la ley que entró en vigor el 13 de agosto pasado, estableció un periodo máximo de 60 días para que el Instituto emitiera las reglas administrativas con el objetivo hacer valer la portabilidad numérica de manera gratuita y en un plazo de 24 horas.
“Es importante señalar que la portabilidad ya existía en el mercado antes de la legislación vigente, y lo que se incorporó fue el reconocimiento de que se trata de un derecho fundamental de los usuarios, por lo cual a partir del 6 de noviembre debe ser gratuita y debe realizarse en un plazo no mayor a 24 horas a partir de la solicitud del usuario”, detalló.
Robledo informó que el IFT elaboró el acuerdo mediante el cual el pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones emite las Reglas de Portabilidad Numérica y modifica el Plan Técnico Fundamental de Numeración, el Plan Técnico Fundamental de Señalización y las especificaciones operativas para la implantación de portabilidad de números geográficos y no geográficos, el 6 de noviembre de este año y fue publicado el día 12 de noviembre.
No obstante, aseguró, dicho instrumento excede el plazo legal, otorgando en el artículo primero transitorio de su acuerdo, un plazo de 90 días a partir de la publicación del mismo, para que éste entre en vigor, es decir, para hacer efectivo el derecho a la portabilidad.
“El Instituto Federal de Telecomunicaciones en su acuerdo contraviene un mandato legal derivado de una reforma constitucional en perjuicio de todas aquellas personas que sean usuarias de estos servicios”, sostuvo el chiapaneco.
Dijo que con el plazo adicional de 90 días naturales que propone el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el derecho a la portabilidad se atrasaría hasta febrero del próximo año, lo que hace nugatorio el derecho de los usuarios.
Por ello, también propuso hacer un llamado a IFT para que rectifique su acuerdo del día 6 de noviembre de 2014y se de vigencia inmediata a la portabilidad, toda vez que ya ha transcurrido el plazo de 60 días previsto por la Ley referida.
Además, pidió que la Procuraduría Federal de Consumidor vigile el cumplimiento estricto de la portabilidad en términos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión como derecho de los usuarios y obligación de los prestadores de servicios.
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