México, D.F.-
La Procuraduría General de la República (PGR) no está en condiciones de confirmar la existencia de un arraigo en contra del ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier y sólo señala que la noche de este miércoles continúa declarando ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
Alejandro Cuadros, director de Comunicación Social de la PGR, dijo que no puede confirmar, como se ha señalado en redes sociales, que el Ministerio Público haya solicitado la medida cautelar en las últimas horas.
Destacó al ser consultado vía telefónica, que hasta la noche del miércoles lo único oficial es que Granier continúa compareciendo ante la representación social.
El despacho de abogados difundió una declaración de Granier en la que asegura no haber cometido delito alguno, ni haber participado en la orquestación de algún delito.
NO HE COMETIDO NINGUN DELITO
El ex gobernador de Tabasco, Granier Melo, compareció este miércoles de manera voluntaria ante las autoridades de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO) con el objetivo de esclarecer las acusaciones que se han vertido en su contra.
“Manifiesto categóricamente que no he cometido delito alguno en relación con los hechos que se investigan en este procedimiento”, expresó, según se informa en un comunicado de la oficina de prensa del ex gobernador de Tabasco.
“No instigué, ideé, realicé o encubrí acciones u omisiones que causalmente generaran un menoscabo del erario público del Estado de Tabasco o un enriquecimiento indebido de mi parte”, agrega la declaración.
“Que no di lugar a tramas financieras o empresariales que fueran el medio para la realización de conductas perjudiciales del patrimonio público de esta entidad federativa”, se lee en el resumen que se difundió sobre la declaración.
Granier Melo arribó desde temprano a las instalaciones de la Procuraduría General de la República, donde se presentó de manera voluntaria para aclarar su situación jurídica en torno a la investigación por peculado y “lavado” de dinero que inició la dependencia por presuntos manejos irregulares en su gestión.
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