Tijuana, B.C. / Nov. 16
Miles de tijuanenses tomaron las calles para exigir a las autoridades que pongan un alto a la criminalidad que rebasó los límites de tolerancia en esta ciudad, y que ha incrementado la incidencia de casi todo tipo de delitos.
Reclamaron que ante la incapacidad de los gobiernos civiles se dé facultades al Ejército Mexicano para que se haga cargo de la seguridad, y que se cree una fiscalía especial para que investigue los secuestros que se han incrementado desde el año pasado, a pesar de que no hay un reconocimiento oficial de la magnitud del problema.
Convocados por el Consejo Médico y Ciudadano de Tijuana, los manifestantes portaron pancartas con el lema “Dios, sálvanos”, al considerar que los gobiernos locales han dejado de cumplir sus obligaciones.
Algunos llevaron fotografías de personas que fueron secuestradas y que se encuentran desaparecidas a pesar de que algún día pagaron rescate para su liberación.
Principalmente médicos formaron un contingente de cerca de 4 mil personas, pero también había representantes de los diversos sectores. Algunas madres de familia llevaron a sus hijos pequeños, quienes al igual que los mayores gritaban consignas.
Al final, reunidos en la explanada del Centro de Gobierno estatal, el presidente del Consejo Médico y Ciudadano, José de Jesús Ortiz Ampudia, pidió a los secuestradores de uno de sus colegas, quien no ha sido liberado, que lo traten bien y no atenten contra su vida.
El médico fue plagiado por un comando de hombres armados hace diez días en pleno centro de la ciudad, a unos 300 metros de la comandancia policíaca. Los secuestradores exigen un millón de dólares por su liberación.
Los manifestantes demandaron el apoyo del presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, para que ayude a combatir la ola violenta que afecta esta frontera, y que en menos de dos meses ha contabilizado 250 ejecuciones.
En un pliego petitorio impreso en un cartel que colocaron en el edificio del gobierno encabezado por el panista José Guadalupe Osuna Millán, también demandaron que se castigue penalmente a los funcionarios que no cumplan con los acuerdos contenidos en el convenio de seguridad nacional firmado en septiembre pasado.
Como parte de las peticiones, los manifestantes exigieron que se instale una representación de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) para aquí se dé seguimiento a los delitos federales ya que cuando son llevados a la ciudad de México se pierde el seguimiento para los afectados.
Entre los participantes estuvieron integrantes de la agrupación Ciudadanos Unidos contra la Impunidad, todos familiares de personas secuestradas que se encuentran desaparecidas, y que suman más de medio centenar, según su dirigente, Fernando Ocegueda Flores, padre de un joven que fue “levantado” por un comando armado en su propio hogar y frente a su madre hace más de un año.
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