Monterrey, N.L.-
El sector privado de Nuevo León criticó la forma con la que el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz ha manejado el problema de la inseguridad en la entidad.
Los presidentes de la Cámara de la Industria de Transformación (Caintra), Eugenio Clariond Rangel; del Consejo Cívico de las Instituciones de Nuevo León (Ccinlac) , Víctor Zorrilla Vargas, y el director de Coparmex, José Mario Garza Benavides, ofrecieron una conferencia de prensa para exponer su postura al respecto.
Zorrilla Vargas consideró que la estrategia oficial de seguridad en la entidad sigue errática, y urgió a que el gobierno estatal reconozca públicamente que no puede con el problema y dé paso a las fuerzas militares y federales para lograrlo.
Garza Benavides subrayó que “al gobernador Rodrigo Medina le manifestamos que debe quedar muy claro que la prioridad en Nuevo León es la seguridad y no los procesos partidistas”.
“Le exigimos a ocuparse en el trabajo para el cual fue conferido y que la ciudadanía le asignó, además de comprometerse de manera que responda a la gravedad del problema que hoy enfrentamos”, añadió.
Refirió que de acuerdo al pulso metropolitano de seguridad, “el mandatario estatal en seis meses se encuentra 10 puntos porcentuales menos comprometido con la seguridad del estado”.
Por su parte, el representante del Ccinlac dijo que los organismos intermedios lamentan la pérdida de 44 vidas humanas y condenan a la vez el grave descontrol que existe al interior del penal de Apodaca.
Consideró que la estrategia oficial de seguridad en el estado “sigue errática y –como sociedad- debemos exigir resultados inmediatos”.
Zorrilla Vargas subrayó que “es indignante la descomposición de todos los cuerpos policíacos y elementos vinculados con la seguridad en el estado”.
Ahora, comentó, “se da a conocer que cerca de 20 custodios y funcionarios de ese penal confesaron participar en estos hechos violentos al permitir el ataque y la fuga de reos”.
Dijo que durante todo el año anterior insistieron en la necesidad de que las autoridades implementen una estrategia para retomar el control de los penales en el país, “al ser un foco de alerta y corrupción latente”.
“Urgimos a que el gobierno estatal reconozca públicamente que no puede hacerlo y dé paso a las fuerzas militares y federales para lograrlo”, dijo.
“De la forma en que el gobierno del estado está actuando en este y otros casos, es perceptible que la seguridad no es su prioridad número uno”, refirió.
Destacó que el gobernador “parece más preocupado en designar un secretario de Gobierno que opere una plataforma hacia las próximas elecciones, así como apoyar la licencia de la alcaldesa de uno de los municipios con mayores problemas de seguridad en el estado”.
Por su parte, el director local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) afirmó que “consideramos que el caso del penal de Apodaca es aún más grave que el del Casino Royale, desde el punto de vista de responsabilidad, pues se da dentro de un recinto que en esencia debería estar completamente controlado”.
“Deviene claramente de actos de corrupción de funcionarios públicos, y por si fuera poco, el director de este penal había sido declarado como no confiable y aún así el gobernador de Nuevo León lo instaló en ese cargo”, manifestó.
Dijo que los directivos de la iniciativa privada propusieron federalizar inmediatamente el penal de Apodaca, así como emprender acciones inmediatas para despresurizar los centros penitenciarios en el estado.
Para alcanzar estas acciones, consideraron necesario el traslado de reos peligrosos a penales de máxima seguridad como el de Puente Grande o las Islas Marías, y detallar un programa de preliberación de reos con delitos del fuero común.
A su vez, el presidente del grupo Cemex, Lorenzo Zambrano Treviño, afirmó que “hay mucha mediocridad en el área de seguridad en el estado”.
Sostuvo que “se percibe falta de capacidad en las corporaciones para enfrentar la problemática de seguridad y de violencia en el estado. Lo que está, no está funcionando”.
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