Apodaca, N.L.-
La bomba de tiempo que significa la sobrepoblación en los penales estatales y la presencia en éstos de reos del orden federal puede desactivarse con el incremento del traslado de presos a otras cárceles, pero también con reformas a fondo, coinciden autoridades de seguridad pública local.
Tras la fuga de 29 reos y el asesinato de 44 en la cárcel de Apodaca, Nuevo León, autoridades coinciden en que debe ser responsabilidad de la Federación acelerar la movilidad de internos que cometieron ilícitos relacionados a la portación de armas de uso exclusivo del Ejército, narcotráfico y crimen organizado.
En 2011 varios estados realizaron traslados, aunque en algunos fueron más que en otros, según los conflictos y padrones de cada centro.
En Nuevo León se enviaron el año pasado a 270 internos a otros penales. En esa entidad —que ha estado en la mira tras los disturbios en Apodaca— las autoridades locales han reiterado la necesidad de que la Federación se ocupe de los procesados por delitos federales, para evitar así la sobrepoblación y tener a reclusos de alta peligrosidad.
Baja California fue una de las entidades donde más se transfirieron presos; las autoridades reconocen una cifra histórica de poco más de 700 reclusos que fueron llevados sólo al penal de Islas Marías.
En este estado sólo 45% de los 17 mil internos son bajacalifornianos.
Además, en los próximos meses, alrededor de mil 700 reos federales serán trasladados de los Centros de Readaptación Social del estado a otros penales del país, según el secretario de Seguridad Pública estatal, Daniel de la Rosa Anaya.
Con esta medida se busca bajar a cero la sobrepoblación penitenciaria en la entidad, menciona, para así “seguir manteniendo bajo control” los penales del estado.
En cifras contrastantes con las de Baja California se encuentra Quintana Roo, donde en 2011 sólo se trasladaron a 63 reos. Con estos cambios, afirman las autoridades penitenciarias, se ha “despresurizado” el ambiente al interior de los centros de reclusión. El gobierno de Quintana Roo ha urgido la necesidad de contar con un centro regional de internamiento de reos, para “aligerar” la presión al interior de las cárceles, en especial por la gran cantidad de internos del fuero federal.
En Tamaulipas, no sólo vaciar las cárceles es una solución a la violencia, sino también mantener constante vigilancia de la Policía Federal y Estatal, según el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, Rafael Lomelí Martínez.
El funcionario destaca que desde 2011 más de 400 reos de alta peligrosidad han sido reubicados a penales federales de otros estados e incluso a las Islas Marías.
“Necesaria, reforma integral”
Para el secretario de Seguridad Pública de Jalisco, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, el problema carcelario del país se solucionará con una reforma integral al sistema penitenciario que mantenga presos a los que merecen la pena de privación de la libertad y otras sanciones a quienes cometen delitos menores.
“Falta renovar la justicia carcelaria en México, que la gente que comete delitos menores no llegue a los penales, que se le sancione de otra forma, con trabajo comunitario, con otro tipo de sanción, y que la gente que esté en los penales sea quien realmente es un riesgo para la sociedad”, advierte en entrevista.
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social del Estado de Jalisco aseguró que no es necesario construir más cárceles en el país. “Yo creo que con los penales que tenemos, si los despresurizamos, y se balancearan los reos que se tienen a nivel nacional, yo creo que lograríamos un buen avance en este tema”.
“Amenazas de muerte”
El gobernador de Chihuahua, César Duarte, sostiene que trasladar reos del fuero federal a prisiones fuera de la entidad implica riesgos: “Hay una amenaza de muerte a quienes firmamos la salida de un reo federal de una cárcel estatal”, reconoce.
En ese sentido, el fiscal Carlos Manuel Salas dice que es urgente terminar con la salida de reos federales de las cárceles locales, ya que los penales estatales no están preparados para reclusos de alta peligrosidad, lo que deriva en la implementación de un autogobierno de los internos y la posibilidad de que sigan delinquiendo desde el interior.
Coahuila, en cambio, no tiene previsto el traslado de internos de los penales del estado a otras cárceles del país, pues en breve empezará a operar el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) de Monclova, de mediana seguridad, que tendrá capacidad para unos mil 200 convictos, afirma el vocero a de Seguridad, Sergio Sisbeles.
Destaca que además se tiene proyectado edificar un Cefereso femenil en el municipio de Ramos Arizpe.
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