Cd. de México.-
La Alianza Verde Juntos por la Ciudad en el Congreso de la Ciudad de México presentó una iniciativa para establecer la obligatoriedad de colocar cámaras de videovigilancia en las unidades de transporte público de pasajeros.
Por lo que, la instalación de cámaras y GPS en microbuses, además de autobuses que inició en esta administración la Secretaría de Movilidad, se elevaría a rango constitucional.
Al hacer uso de la tribuna, el coordinador de este grupo, Jesús Sesma Suárez, dijo que esto tiene como propósito combatir la inseguridad, principalmente, en materia de asaltos.
“Es evidente que los altos índices de inseguridad que se enfrentan los ciudadanos, requieren una respuesta contundente y coordinada por parte de las autoridades de todos los niveles de gobierno, a fin de impulsar la implementación de medidas que permitan a la ciudadanía realizar sus actividades cotidianas bajo condiciones de seguridad”, destacó.
Recordó que con base en datos del Organismo Regulador de Transporte, han sido instalados equipos de geolocalización (GPS), videocámaras y botones de auxilio en casi 13 mil unidades de transporte colectivo que operan en las 18 rutas concesionadas de la Ciudad de México, cuya inversión fue de 280 millones de pesos.
Aseguró el pevemista que esto permite ubicar, en tiempo real, el sitio donde se ubica cada uno de los microbuses o autobuses concesionados, así como contar con imágenes de lo que ocurre al interior del transporte y se complementa con los botones de pánico para los operadores que son utilizados en caso de robo, riña, acoso sexual o emergencia médica.
“Es indispensable que estas acciones sean elevada a rango de ley para garantizar su permanencia independientemente de los cambios en la administración pública de la Ciudad de México”, añadió.
Resaltó que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 2021, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la población en general percibe mayor inseguridad en espacios físicos específicos, como cajeros automáticos ubicados en la vía pública, el transporte público y en las calles por donde habitualmente transita.
Añadió que se generaron aproximadamente 30 millones de delitos asociados a 22 millones de víctimas y, de dicha estadística, se deprende que el mayor porcentaje de los delitos fue cometido en la vía pública o en el transporte público.
“La percepción de inseguridad en el transporte público se ha mantenido en altos niveles de manera constante como resultado de que la mayor parte de los usuarios o algún miembro de su familia, han sido víctimas de algún delito durante sus trayectos”, insistió.
Esta propuesta busca reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de Movilidad de la capital, y por ello fue turnado para su análisis y dictaminación a la Comisión de Movilidad y Seguridad Vial.
