Monterrey, NL.-
Con sanciones que irían de los 20 a 30 años de prisión y multas de 20 mil a 25 mil salarios mínimos, la bancada de Morena en el Congreso local buscará endurecer las penas contra ‘huachicoleros’ de cuello blanco en Nuevo León.
Los integrantes de la fracción morenista presentaron este día una iniciativa en la Oficialía de Partes del Poder Legislativo para reformar la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos.
La propuesta contempla la reforma por modificación y adición de los artículos 20 y primero párrafo del 21 así como la adición de un segundo párrafo en el artículo 8 de la Constitución de Nuevo León para endurecer las penas cuando el robo de hidrocarburos involucre a funcionarios públicos o de Pemex.
“Es una iniciativa para endurecer las penas (contra el robo de hidrocarburos). Nosotros como diputados locales tenemos la obligación con el estado de Nuevo Léon , pero sobre todo con México como lo está haciendo Andrés Manuel López Obrador.
“Sobre todo cuando se trate de que el delito sea cometido por funcionarios o servidores públicos de la misma empresa o que estén en la función político o pública. Tiene que haber transparencia, no podemos permitir estos hechos de corrupción. No podemos permitir que la ciudadanía siga siendo afectada por el robo de combustibles”, expresó el líder de la fracción, Ramiro González.
La iniciativa señala que se aumentará hasta tres cuartas partes la sanción que corresponde a quien provoque daños a los ductos, vehículos, equipos o instalaciones.
En el artículo 20 se contemplan elevar penas de hasta 50 por ciento a quienes por robar combustible “provoquen un daño a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas, a la calidad del agua, al suelo, al subsuelo, al ambiente, a la vida o a la integridad corporal de las personas”.
En caso de ser aprobada, el artículo 21 de la mencionada Ley quedaría de la siguiente manera: Si el sujeto activo es o fue trabajador de la industria petrolera o de las instituciones policiales, o bien si quien participó de manera dolosa en cualquiera de las conductas previstas por los artículos anteriores fue o es servidor público, las sanciones se aumentarán hasta una mitad más de acuerdo a la pena prevista en la presente Ley.
Lo anterior, sin contemplar las sanciones que conlleve la Ley General de Responsabilidades Administrativas del estado.
Acorde a Ramiro González, un reciente estudio de la UNAM arrojó que el ‘huachicoleo’ le cuesta al país hasta 70 mil millones de pesos anuales, lo que representa más del doble del presupuesto de la Máxima Casa de Estudios del país.
Agregó que aunque el delito de robo de hidrocarburos se concentra en siete entidades -Hidalgo, Puebla, Guanajuato, Veracruz, Jalisco, Estado de México, Guanajuato y Tamaulipas-, Nuevo León también tiene una alta incidencia de ‘huachicoleo’, ya que en 2017 se contabilizaron 206 tomas clandestinas y en 2018 aumentaron a 223, lo que traduce a un aumento de 8 por ciento.
La iniciativa aún tiene que ser aprobada en comisiones y después en el pleno del Poder Legislativo.
