Monterrey, N.L.-
Por presuntamente violar 18 artículos de la Constitución y 5 más de leyes secundarias, el Congreso Local envió ayer a la Comisión Anticorrupción, con carácter de urgencia, un nuevo juicio político contra el gobernador, Samuel Alejandro García Sepúlveda.
El proceso fue promovido por los diputados federales, José Luis Garza Ochoa y Annia Gómez, legisladores del PRI y el PAN, respectivamente, detalló el líder de la bancada panista en el Congreso, Carlos De la Fuente.
“Por la violación de al menos 18 artículos constitucionales y cinco artículos de leyes secundarias en siete hechos probados, principalmente por siete resoluciones de la Corte y tres resoluciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, precisó De la Fuente.
El diputado agregó que como ejemplo esta el caso e la Unidad de Inteligencia Financiera y Economía, en donde la Corte señaló que la no publicación, fue tratar de lograr una subordinación del Legislativo sobre el Ejecutivo, cuestión que se considera como un delito grave.
“También esta el caso e la no publicación de otros decretos porque el gobernador sigue sin publicar 23 decretos y más de 100 acuerdos de este legislativo, además de 56 decretos anunciados ya en otro juicio político.
“También en los casos de los vetos inconstitucionales en donde el gobernador se atribuye funciones que no le corresponden en la Constitución y que también la Corte los ha desechado en varias controversias constitucionales, principalmente la 341 y la 262 del 2023”, explicó.
Agregó que otro hecho por el que buscan enjuiciarlo es por querer imponer un gobernador interino y la Suprema Corte así como la La Sala Superior del Poder Judicial de la Federación resolvieron removiendo al secretario general de Gobierno en las controversias 4888/2023 y 536/2023, respectivamente.
Dijo que también los casos del presupuesto del 2023, que se presentó fuera de tiempo, y 2024 que lleva más de ocho meses de no enviar al Legislativo, cuestión que la Suprema Corte de Justicia determinó como anticonstitucional.
“El uso indebido de recursos públicos electorales, el que acaba de llegar recientemente hace menos de un mes, en donde se establece la promoción personalizada, vulneración de los principios de imparcialidad y neutralidad, y se acredita el uso indebido de respiros públicos durante su campaña presidencial fallida”, puntualizó.
Añadió que el uso de símbolos religiosos en donde también la Sala Superior interpuso una multa a García Sepúlveda por la utilización de los símbolos vulnerando el principio de laicidad que viola la separación del Gobierno con la Iglesia.
