Reynosa, Tamps. /Agosto 24.-
En lo que va del 2011 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tienen documentadas a 47 víctimas fatales de hechos donde se implementó de forma errónea la fuerza pública informó a Hora Cero, Marat Paredes Montiel, segundo visitador General de la dependencia.
Señaló que en el 2010 en total se presentaron ante la CNDH 111 casos de personas inocentes que perdieron la vida a causa de incidentes donde participaron las fuerza militares.
“Esto quiere decir que en dos años se tienen registrados 158 casos de personas que han muerto en manos de fuerzas castrenses, además de todas las víctimas inocentes que han sido lesionadas en diversas circunstancias por el mal empleo de la fuerza pública”, mencionó en entrevista vía telefónica desde la Ciudad de México.
Ahondando en caso específico de la doctora Libia Inés Vargas Garay, quien el pasado miércoles fuera víctima de una agresión por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) al participar en un accidente vial, el entrevistado refirió que la CNDH protege a la afectada, verifica la situación de sus derechos humanos y emite la recomendación respectiva.
“En estos casos la comisión exige la reparación del daño y que se castigue a los responsables”, indicó.
Señaló que se efectuó la visita el fin de semana pasado de por parte de un director de área, un visitador adjunto y un perito criminalista quienes acudieron a la frontera de Reynosa, Tamaulipas para recabar información y así iniciar una averiguación.
“La racionalidad de la fuerza pública debe de ser proporcional y el uso de las armas de fuego debe de ser un último recurso y nunca un primer elemento, solamente debe de implementarse en casos extremos cuando esté en peligro la vida de los cuerpos de seguridad o bien de personas terceras”, insistió Paredes Montiel.
Sin embargo, cuando no se respetan estos principios, argumentó, se viola el principio de legalidad y el de seguridad jurídica, aunado a varios instrumentos internacionales como los principios básicos sobre el empleo de fuerza y de armas de fuego por elementos encargados de hacer cumplir la ley.
Paredes Montiel explicó que en cuanto se tenga el informe de la Secretaría de la Defensa Nacional y la investigación realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tanto documental como de campo, la comisión hará el pronunciamiento que conforme a derecho corresponda.
De la víctima Libia Inés, de origen colombiano pero radicada desde hace más de 10 años en esta frontera, su estado de salud es delicado, sin embargo los médicos especialistas que la atienden en un hospital privado de la ciudad ha tenido grandes avances después de cumplir esta tarde una semana de estar internada.
(24/ago/2011)
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