Demandan acciones inmediatas para
mexicanos condenados a muerte en EU

Organismos de derechos humanos no gubernamentales de Nuevo Laredo y Reynosa demandaron al gobierno mexicano iniciar, de manera inmediata, la defensa de por lo menos cinco mexicanos sentenciados a pena de muerte durante los próximos meses en cárceles de Texas.
Lo anterior luego de la ejecución la noche de ayer martes de José Ernesto Medellín en ese estado de la unión americana, acusado de violar y asesinar a dos jóvenes en 1993.
Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos 5 de Febrero, de Nuevo Laredo, afirmó que son 50 los mexicanos condenados a la pena capital en prisiones de Estados Unidos, cinco de los cuales tienen programada su ejecución este año.
Los derechos de los connacionales, a quienes se juzga por violación, asesinato o secuestro, fueron violados durante sus juicios, por lo que piden acciones para modificar sus sentencias. La Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), incluso, ha fallado a favor de los mexicanos al ordenar al gobierno de Estados Unidos que revise sus casos.
Los próximos a recibir la inyección letal son César Roberto Fierro Reyna, de Ciudad Juárez, Chihuahua, sentenciado a muerte por el asesinato de un taxista en el Paso, Texas.
Rubén Ramírez Cárdenas, originario de Irapuato, Guanajuato, sentenciado a la pena capital por el secuestro, violación y asesinato de su prima, Mayra Azucena Laguna, de 16 años, en 1997 en Edimburg, Texas.
Roberto Moreno Ramos, originario de Aguascalientes, quien en marzo de 1993 asesinó a su esposa Leticia y sus dos hijos, Abigail y Jonathan Ramos, a quienes enterró en el baño de su casa en hidalgo, Texas.
Humberto Leal García, originario de Monterrey, Nuevo León, culpable por el secuestro, violación y asesinato a golpes de una niña de 16 años en San Antonio en 1994.
Ignacio Gómez. originario de Ciudad Juárez, Chihuahua, sentenciado en junio de 1998 a la pena de muerte por el homicidio de tres jóvenes de El Paso, Texas, el 24 de noviembre de 1996.
El activista acusó que el gobernador de Texas, Rick Perry, continúa haciendo alarde de prepotencia al afirmar que el Estado ejecutará a los cinco mexicanos.
“Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que esto no tenga efecto y se acate la orden de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de suspender la pena capital de nuestros compatriotas”, puntualizó Ramos.
El Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de los Derechos Humanos de Reynosa exigió al gobierno de Estados Unidos que reconozca la declaración de la Corte Penal Internacional, para suspender la ejecución de los 50 mexicanos que quedan en la lista de muerte.
“Haremos todo lo posible porque Estados Unidos reconozca que esta violando el artículo 36 de la Convención de Viena, que permite la asistencia consular durante un proceso penal”, indicó Rebeca Rodríguez, presidenta del CEFPRODHAC.
Abundó que la fecha para la ejecución de los mexicanos aún no ha sido difundida, “lo único que sabemos es que se ejecutarán este mismo año”.
La activista agregó que buscarán unir fuerzas con las organizaciones de derechos humanos no gubernamentales, de la frontera norte de México, para de manera conjunta realicen acciones que ejerzan presión para suspender las ejecuciones de mexicanos en Estados Unidos.