Reynosa, Tam.-
Juanita Alonzo ni siquiera hablaba el español cuando fue torturada y obligada a firmar una confesión para incriminarla por secuestro.
Cómo muchos de sus connacionales emigró de su natal Guatemala con rumbo a los Estados Unidos, pero al llegar a la frontera de Tamaulipas fue detenida por unos policías de Reynosa y encarcelada injustamente en 2014.
Esta indígena de la etnia Chuj, de San Mateo Ixtatán, tenía 27 años cuando varios policías, en contubernio con autoridades ministeriales, le achacaron un delito que no cometió.
Su caso llegó hasta instancias internacionales en derechos humanos y el mismo presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, solicitó recientemente su liberación.
Diversas organizaciones instaron a las autoridades mexicanas a reabrir el caso para castigar enérgicamente a los responsables, incluidos policías, jueces y ministerios públicos.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJE) solicitó iniciar una investigación por presuntas irregularidades contra quienes resulten responsables por haber metido ilegalmente a Juanita a la prisión, además de la reparación del daño.
Finalmente la noche del sábado ella fue liberada y su expediente será punta de lanza para dar seguimiento a otros casos parecidos que se purgan en las cárceles mexicanas con abuso de autoridad.
