Cd. Victoria, Tamps. / Agosto 27.-
A un año de la firma del Acuerdo Nacional Para la Seguridad, la Legalidad y la Justicia, se perciben avances mínimos en el cumplimiento de compromisos y el balance general para calificarlos resulta negativo o reprobatorio, opinó Jorge Manautou Saucedo, miembro activo de diversas organizaciones sociales en contra de la delincuencia.
Lamentó que en Tamaulipas la mayor limitante según describen los titulares de seguridad pública, sea la falta de recursos federales, sin embargo, recriminó que los pocos o muchos recursos que lleguen por parte del gobierno federal al estado sean canalizados a cuestiones que no son prioritarias o eficaces para brindarle seguridad a los tamaulipecos.
Para muestra de la mala administración que se hace de los recursos citó al Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo, que se la pasa peleando recursos de capacitación, pero simplemente sin cumplir con sus responsabilidades o poniendo sólo cámaras o atendiendo un número telefónico que no requiere de gran ciencia.
La ineficacia de este trabajo indicó deja grandes interrogantes para la población pues no se sabe si es irresponsabilidad, falta de voluntad política o simplemente la seguridad pública no es prioridad para los funcionarios que ocupan esos cargos.
“Ahora la ciudadanía no quiere sólo cambios legislativos ni retórica política, necesitamos acciones de manera urgente sin perder tiempo alguno que provoquen efectos directos en beneficio de la población en esta demanda tan sentida de la población como lo es la Seguridad Pública”.
De acuerdo a lo comentado con el también abogado, el reporte de estas organizaciones, de entre 60 a 75 puntos firmados en dicho acuerdo los avances detectados son mínimos, al grado de aplicar una calificación total nada alentadora de 4.8 a las autoridades respecto a su incumplimiento.
De manera lamentable dijo, a escala nacional se refleja que el mayor índice de incumplimiento o retraso se da en los estados y municipios, mientras que los que alcanzan calificación más alta son el poder legislativo y la Justicia Federal.
No obstante dijo, las cifras son sumamente desalentadoras, pues del total de compromisos pactados, solo 7 puntos se encuentran cubiertos al 100 por ciento.
“Algunas ONG¨S como México SOS o el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública también reclaman abiertamente los grados de inseguridad que se viven y la carencia de resultados respecto al acuerdo de fecha 21 de agosto de 2008; a mayor abundamiento reflejando este grado de molestia ciudadana se agrega la reciente encuesta Mitofsky, la cual describe una percepción ciudadana de una cercanía cada vez mayor con la delincuencia y la criminalidad”.
Indicó que en este entorno de crisis, “shock” o turbulencia de Seguridad Pública pareciera ser que los paquetes de reformas enviados por el ejecutivo federal al Congreso de la Unión resultan ser insuficientes para la realidad que se está viviendo, pues los indicadores reflejan que México es el quinto lugar con más inseguridad entre 107 países, que ha crecido alarmantemente el robo de autos o el robo con violencia.
“Al parecer el acuerdo les ha quedado muy grande a nuestras autoridades y lo firmaron solo para salir del paso dada la presión social y el enojo que se presentaba en ese momento. Mientras tanto ahora algunas autoridades pretenden evadir la crítica poniendo cortinas de humo aduciendo efectos de déficit presupuestario”.
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