Matamoros, Tam.-
La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) delegación Tamaulipas informó que ya concluyó la investigación abierta a las autoridades municipales de Matamoros por la implementación de un Programa de Legalización de Vehículos a bajo costo.
Destacó que la alcaldesa de Matamoros y el secretario de Desarrollo y Bienestar Social, Luis Alfredo Biasi, cuentan con un término de 10 días hábiles para que manifiesten si aceptan o no cumplir con las dos observaciones formuladas por el ombudsman fiscal.
Lo anterior, señaló en atención al artículo primero constitucional que establece la más amplia protección de derechos fundamentales a los gobernados.
Añadió que el Ombudsman del Contribuyente realizó una primera observación a las autoridades municipales, donde cuestiona que difundan entre la ciudadanía y otorguen facilidades para un plan de legalización que no proporciona certeza jurídica a los propietarios de vehículos.
Agregó que su eficacia final no depende de las propias autoridades locales, por lo que al no ser de su competencia, “pues ellas mismas reconocen textualmente en su informe que el programa se efectúa por el momento al amparo de suspensiones y sentencias del Poder Judicial Federal”.
En una segunda observación a las autoridades municipales, Prodecon advirtió que mientras la aduana correspondiente no valide, conforme a sus facultades, la legal internación y estancia de los vehículos, no se podrá producir ninguna regularización de unidades.
Refirió que es a la autoridad del Servicio de Administración Tributaria (SAT) a la que toca conocer de las presuntas resoluciones judiciales y en su caso cumplimentarlas.
“Es decir, los trámites y pagos que los ciudadanos realicen a las comercializadoras privadas no concluyen por sí solos con la internación legal definitiva del vehículo, mientras la Aduana correspondiente no lo valide”, señala la Prodecon en el comunicado.
La Prodecon delegación Tamaulipas impuso multas, desde el pasado 14 de agosto, a la alcaldesa Norma Leticia Salazar Vázquez así como al secretario de Desarrollo y Bienestar Social, Luis Alfredo Biasi, por no presentar información respecto al marco legal con el que iniciaron, el 1 de agosto, el Programa de Legalización de Vehículos a Bajo Costo.
Refirió que ahora, las autoridades municipales deben de informar y difundir entre a la ciudadanía que el trámite y pago que hicieron a las comercializadoras no tienen validez sino media autorización del SAT.
Por lo que invitó a las autoridades de Matamoros a informar que el trámite y pago que realizaron en las comercializadoras no concluye con la legalización de vehículos.
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