Nuevo Laredo, Tam.-
El Gobierno de Nuevo Laredo hizo un firme llamado a la Secretaría General de Gobierno de Tamaulipas, a la Auditoría Superior del Estado y a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas para que se “dejen de confabular acciones ilegales, arbitrarias e intimidatorias en contra de la Administración Municipal”.
Mediante un comunicado, el municipio informó que el pasado miércoles 1 de junio “bajo un completo abuso de autoridad”, personal de la Auditoría Superior del Estado se presentó en las instalaciones de la Secretaría de Finanzas del Gobierno Municipal acompañados por el Agente del Ministerio Público Lic. Gabriel González Velázquez, adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas.
La acción, dijo el Municipio, fue para ejercer la fuerza pública para entrevistar al personal, excediendo las facultades para la orden de revisión financiera, conforme la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado.
“En ese mismo acto, los elementos de la Fiscalía vociferaron en forma de amenaza que solicitarían una orden de cateo a un juez, así como citatorios para todo el personal presente. A pesar de todos estos actos ilegales, les hemos brindado, como sucede todos los días, acceso a la información requerida”.
El ayuntamiento lamentó que estas acciones de abuso y asedio no solo se han limitado al ámbito de la administración pública, sino que han traspasado al ámbito personal, pues han intimidando a familiares y acechando domicilios particulares de la propia Presidenta y otros funcionarios municipales.
Por ello, advierte: “desde este momento, hacemos responsables a las citadas autoridades estatales de cualquier atentado en contra de la integridad de los servidores públicos de este Municipio”.
El municipio neolaredense alertó que la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas encabezan una serie de acciones ilegales, arbitrarias e intimidatorias en contra del Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, bajo el argumento de una auditoría derivada de una supuesta denuncia.
Y aunque el municipio nunca fue notificado, añade, otorgó las facilidades para que los auditores lleven a cabo su labor, sin embargo, a lo largo de estos 23 días han violentado la ley y amenazado a los trabajadores municipales.
Desde el pasado 18 de mayo, durante la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo, Juan Ángel Martínez Salazar, secretario del Ayuntamiento informó que la ASE, se encontraba realizando una auditoría especial a la administración municipal derivado de una supuesta denuncia presentada por la presunta utilización de recursos públicos con fines distintos a los aprobados en el Presupuesto de Egresos 2022.