Estallan en júbilo los beneficiados
de resolución sobre Altamira

Altamira, Tamaulipas / Junio 10.-
“Esto ya no lo detiene nadie”, fue la expresión del comisariado del ejido Ricardo Flores Magón, Joel Infante Zamarripa.
Se refería a la resolución de un amparo que obtuvieron en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que impugna un decreto presidencial de expropiación de sus terrenos en 1981.
No era el único campesino feliz. Junto a decenas de habitantes de los ejidos Ricardo Flores Magón y Francisco Medrano, se reunió la mañana del martes en un restaurante cercano al Puerto Industrial Altamira.
Ahí, abogados del bufete jurídico que encabezan Diego Fernández de Cevallos y Antonio Lozano Gracia los citaron para darles a conocer los avances en el proceso que fue dado a conocer por El Universal.
Infante Zamarripa mencionó que con el amparo resultaron beneficiados 85 ejidatarios de los dos ejidos. Sin embargo, precisaron que no se desembolsaría la cantidad de mil 500 millones de pesos, sino 4 o 5 veces menos.
En total son seis los ejidos que se encuentran en una situación similar, que representan una superficie de 2 mil 700 hectáreas de expropiación.
Sin embargo, los ejidos La Pedrera y Francisco I. Madero este día decidieron que su reclamo lo llevara también el bufete que representa a los ejidatarios de Ricardo Flores Magón y Francisco Medrano. De esta manera, solo están pendientes de resolver los ejidos de Villa Altamira y Armenta.

Heredar problemas
Cuando Don Lorenzo Escobedo falleció a la edad de 77 años, su hijo Marcos Escobedo pensó que heredaba un problema jurídico.
Marcos Escobedo, que ahora es comisariado del ejido La Pedrera, admitió que los ejidatarios de dicha comunidad ya aceptaron el patrocinio del bufete de Diego Fernández y Lozano Gracia, luego de observar la resolución a favor de otros 85 ejidatarios.
Mencionó que en 1981 le expropiaron a su padre 8 hectáreas, “mi papá se dedicaba a la ganadería, en ocasiones tenía cultivos, pero principalmente a la engorda de ganado”, expresó.
Con el tiempo, agregó Escobedo, el ejido de La Pedrera cambió totalmente y en ese lugar se instaló el área industrial, mientras que en otra parte se edificaron cientos de casas de interés social.
Ahora, ante las buenas nuevas que dijo haber recibido, compartió algunas de sus ilusiones: “Al menos tenemos la esperanza de que se coloque algunos de nuestros hijos en una buena empresa, digo, si finalmente la Administración Portuaria no quiere pagarnos”.
Una persona que ha tenido constante acercamiento con los ejidos involucrados, el presidente del Comité Municipal Campesino de Altamira, Enrique Báez Nieto, mencionó que la mayoría de los ejidos involucrados en este caso fueron fundados allá por 1930 y se ubican en la zona Sur del municipio.
Cuando se realizó la expropiación, explicó, la mayoría de los ejidos conservaron sus asentamientos humanos, pero en el caso del ejido Armenta si les fue dotado de otro terreno para reubicación.
Respecto al origen de la demanda, a pesar de que se pagó la expropiación, añadió el también síndico de Altamira, fue porque el gobierno federal incumplió un acuerdo con los ejidatarios, de dotarles del 20% de las ventas a los industriales, “esto originó que los campesinos iniciaran una demanda y comenzaron a surgir muchas anomalías en el acuerdo original de expropiación”.