Los servidores públicos de Tamaulipas que retarden o nieguen la entrega de un cadáver a las víctimas indirectas de feminicidio, podrían serán procesadas por abuso de autoridad y castigadas con penas de dos a nueve años de prisión.
La reforma al ordenamiento punitivo consiste en adicionar la fracción XV al artículo 212, en el que se establece que quien “retarde o niegue sin causa justificada la entrega de un cadáver a las víctimas indirectas del delito de feminicidio”, cometerá el delito de abuso de autoridad.
Los promoventes argumentan que el Congreso del Estado “no puede ser indiferente ante la desgarradora realidad que enfrentan familiares y los seres queridos de víctimas de feminicidio, quienes exigen una legislación que garantice su derecho a reclamar con celeridad los cuerpos de sus seres queridos”.
Advierten que el retraso en la entrega de cadáveres se ha convertido en una constante por la excesiva burocracia y la arbitrariedad por parte de las autoridades, lo que provoca la revictimización de los familiares y seres queridos quienes solamente despedir dignamente a quien violentamente fue privada de la vida.
Las trabas y demoras en la entrega de un cuerpo prolongan el sufrimiento de las víctimas indirectas.
“Esta dilación en la entrega de restos, aun cuando los familiares han reconocido a sus seres queridos por características físicas como ropa y tatuajes, refleja un sistema insensible y burocrático que ignora el derecho de las familias a obtener justicia”, sentenciaron.
Por esa situación, advierten los diputados morenistas, es urgente reformar el código penal y las leyes conexas.
“Al agilizar estos procesos, no solo se atendería una deuda histórica de justicia y reparación, sino que se daría a las familias la oportunidad de iniciar un proceso de duelo sin obstáculos adicionales impuestos por un sistema insensible”, señalaron.
