Reynosa, Tam.-
Los extranjeros que recorren la República Mexicana no solamente son presas de las bandas criminales; las fuerzas federales mantienen desde hace algunos años una cacería de indocumentados. La diferencia entre la libertad y la deportación es el pago de cuotas.
Aduanas, terminales camioneras, puestos de control y aeropuertos, fungen como una figura auxiliar en funciones migratorias para los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), empero opera al mismo tiempo en territorio nacional una red de oficiales (policías y militares) adscritos a la Federación y los Estados que han encontrado en la necesidad de emigrar de miles de personas un redituable negocio que paga, incluso, más que sus propios emolumentos:
Ochocientos dólares por persona para que los dejen viajar en avión y de 300 a 500 por vía terrestre es lo que Sor, una madre de familia Venezolana asegura que le cobrarán cuando salga de Panamá hacia México, en su paso hacia los Estados Unidos.
Ella confesó que prefiere transportarse por aire que arriesgarse por tierra, pues teme ser secuestrada por miembros del crimen organizado. Una vez que arribe a la frontera aseguró que pedirá asilo político.
Sin embargo, el dinero que debe reunir no solamente para pagarle a los ‘coyotes’ del gobierno, sino también el de sus pasajes, representa una fortuna, pues está acompañada por su papá, sus dos hijas y su esposo, y el apoyo que una hermana le envía desde los Estados Unidos les resulta insuficiente.
Otro testimonio es el de Boris, un cubano que abandonó su patria para llegar a la Unión Americana. Sin más apoyo que los ahorros que pudo reunir al vender su casa y de su trabajo como ‘cuentapropista’, atravesó regiones inhóspitas de varios países, incluida la selva del Darién y la peligrosa zona fronteriza entre Belize y México.
A él, según le convino, le salía más barato pagarle a los traficantes que a las autoridades, pero eso incluyó arriesgar la vida viajando de madrugada en una lancha llena de personas, pasar por caminos enlodados, pantanos y hacinarse dentro de la oscura y calurosa caja de tráiler durante varias horas.
Después de dos años de espera, radicando en la ciudad de Reynosa, finalmente consiguió pasar a los Estados Unidos, a unos meses de que el presidente Joe Bien asumió funciones, pero manifestó que no volvería a hacer el mismo recorrido y se mantiene reacio a qué alguno de sus hijos en Cuba pase por su misma experiencia.
Aunque buscar refugio es un atributo inalienable, según ha sido redactado en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, las presiones de Norteamérica a México para frenar la migración ilegal es utilizada bajo dos criterios.
Por un lado el país detiene, pero también deja pasar de manera disimulada. Según cifras oficiales en los últimos 36 meses se incrementó en cerca del 90 por ciento la intervención de policías y militares en labores migratorias.
Apoyados en el Artículo 96 de la Ley General de Migración más de cuatro mil personas sin documentos han sido oficialmente entregadas al INM por alguna autoridad policial, castrense o fiscalía (un aumento de casi el doble que la administración de Enrique Peña Nieto).
De hecho, antes que en Estados Unidos las corporaciones policiacas y militares fueran utilizados para detener inmigrantes, desatando un escándalo en los medios de comunicación, México ya lo hacía.
Es por eso que para evadir grandes cobros por autoridades o ser secuestrados por criminales, cada vez es mayor el número de extranjeros que busca emigrar a través de caravanas, dividiendo a la opinión pública.
