Ciudad de México.-
Las medidas contra el coronavirus del gobierno favorecen a los trabajadores y meten en apuros a empresas con dificultades para pagar las nóminas en la pandemia, afirmaron abogados que prevén la llegada de una ola de firmas inconformes a las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
El acuerdo del Consejo de Salubridad, emitido el 30 de marzo en el Diario Oficial de la Federación, atiende las demandas del presidente Andrés Manuel López Obrador a las empresas para que otorguen en su totalidad el sueldo al personal, ya que es una “cuestión humanitaria y moral”
En un juego de palabras, el decreto habla de “emergencia sanitaria”, en vez de “contingencia”, lo que evitaría que las compañías con actividades no esenciales se adhieran al artículo 429 de la Ley Federal del Trabajo y pagar el salario mínimo durante el mes de la contingencia, explicaron abogados consultados por Economía Hoy.
“La ambigüedad es intencional, lo que no quieren es asumir el costo de que por un acto del gobierno, los trabajadores vean reducido su salario un mes. ¿No también es moral apoyar a las empresas para que paguen?”, señaló Jorge Chessal Palau, director de CHP Firma Legal.
El decreto, dijo, ha puesto en una encrucijada a las firmas que deberán elegir entre insistir en el proceso legal de contingencia sanitaria o guiarse por el de “fuerza mayor” en el que acuden a una junta para que avale la suspensión temporal de un empleado y después determine el importe de la indemnización que se le paga.
Ese órgano ha suspendido labores, pero está facultado para atender casos de fuerza mayor.
Por el otro lado, si las empresas eligen seguir un proceso de “contingencia sanitaria” para sólo dar el salario mínimo a sus empleados, “el riesgo es que los trabajadores demanden y las juntas resuelvan a favor del personal”, explicó.
