Cd. de México.-
A partir de mañana viernes 1 de febrero el sector acerero dejará de tener la protección que se impuso de 15% de salvaguardas a diversas familias de productos como tuberías, láminas, alambrón, perfiles y varillas y que castiga a Estados Unidos, además de que frena la entrada de metales de países con los que no tenemos Tratado de Libre Comercio, por debajo de su precio real.
La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero) explicaron que hoy se vence la aplicación de este 15% y debe renovarse porque es una medida necesaria ante la decisión que tomó el gobierno estadounidense de gravar a los metales mexicanos con un arancel de 25% desde junio de 2018.
Además de que renovarlo es fundamental para evitar que se use a México como plataforma para triangular acero a Estados Unidos y entre con prácticas ilícitas acero de países asiáticos.
“Dicha renovación juega un papel fundamental para que EU excluya a México de la 232 ya que de no hacerse seremos vistos como una plataforma de triangulación y quedaremos incluidos en dicha medida”, dijeron en un desplegado conjunto de Concamin y Canacero.
Recordaron que están en riesgo los 700 mil empleos directos e indirectos ligados a la industria acerera porque viven una compleja situación a partir “de la crisis generada por la sobreproducción mundial de acero y agravada por los aranceles de 25% que impuso unilateralmente a injustamente el gobierno estadounidense a nuestras exportaciones”.
Dijeron que a pesar de que la medida de gravar las importaciones con 15% de arancel es más “tenue” de lo que se requiere les permitió “transitar en esta etapa y así como es necesario refrendarla, también lo es establecer un porcentaje similar al de nuestro principal socio comercial”.
El Diario Oficial de la Federación del 5 de junio de 2018 estableció que los aranceles estarían vigentes hasta el 31 de enero de 2019, sin embargo no se publicó ninguna extensión para dicho decreto.
De acuerdo con fuentes del sector los funcionarios de la Secretaría de Economía, a cargo de Graciela Márquez, no se han reunido con los industriales afectados por la decisión.
