La autorización otorgada por la Comisión Nacional del Agua, Conagua, para construir un acueducto que lleve agua desde el río Pánuco hasta Nuevo León, ha recibido críticas incluso de ciudadanos nuevoleoneses que ven la obra como la opción para que el gobierno de Rodrigo Medina y sus amigos se embolsen más dinero con las licitaciones del proyecto Monterrey IV.
Ayer comentábamos la manera por demás sospechosa del titular de la Conagua David Korenfeld de entregar casi a escondidas el permiso para la realización de esa obra hidráulica.
Por ejemplo el columnista Daniel Butruille, acusa a la Conagua de haber vaciado la presa El Cuchillo para justificar la aprobación del proyecto que afectará a miles de pobladores que se surten de agua del río Pánuco localizados en Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí.
Esa acusación que debería investigarse, podría ser el argumento que eche abajo un proyecto que ni los nuevoleoneses quieren, por todo lo que implica ya que el costo inicial es de 16 mil millones de pesos, más lo que se vaya acumulando conforme se realice el proyecto.
Monterrey IV es algo similar a lo que ya nos recetaron gobiernos anteriores tanto en Nuevo León con Natividad González Parás, como en Tamaulipas con Eugenio Hernández, donde los dos mandatarios se aliaron y construyeron torres administrativas carísimas, dejando endeudado al gobierno estatal, con el resultado que ya conocemos, las susodichas torres son imprácticas e inoperantes.
Y ambos gobiernos tienen que desembolsar millones de pesos mensualmente para pagar la renta, de un inmueble que fue construido con recursos públicos y que representa para los ex mandatarios un negocio rentable que les sigue produciendo ingresos millonarios.
El mismo columnista se queja que extraer agua del río Pánuco obliga a la construcción de una planta de tratamiento, porque ésta no reúne las condiciones adecuadas para consumo.
Él considera que la obra sólo es un cheque al portador para quien suceda a Medina de la Cruz en el gobierno nuevoleonés. Entonces, esa misma premisa pudiera aplicarse en Tamaulipas, ¿quiénes se verán beneficiados en esta entidad si Monterrey IV se realiza?
Los acuerdos económicos tienen que incluir no sólo a autoridades federales como el titular de la Conagua, sino también en los gobiernos estales donde la obra tendrá repercusiones.
Total que los funcionarios de todos los niveles de gobierno implicados en este proyecto aprovechan el miedo y la apatía ocasionada por la ola de inseguridad en los ciudadanos para hacer de las suyas y aprobar proyectos que especialistas ambientales rechazan sin preámbulo.
La obra será costosa, no rendirá los resultados que se esperan, y ocasionaría eso sí, perjuicios que ningún dinero podrá resarcir en la naturaleza, afectando muchísimo a la población tanto económica como ambientalmente.
Sólo confío que el negocio de fin de sexenio de Medina de la Cruz no cuaje, y que haya ciudadanos que levanten la voz en contra del mismo.
LOS ESQUELETOS EN EL ARMARIO DE EPN
El informe 2014 de la Organización Human Rights Watch deja mal parado al gobierno de Enrique Peña Nieto, (EPN), en un desglose detallado refiere que durante la actual administración las violaciones a los derechos humanos continúan y las que se heredaron del gobierno calderonista siguen impunes.
Los 26 mil desaparecidos que reconoce EPN, continúan igual, no se ha localizado a nadie, ni vivo, ni muerto.
Hay 860 denuncias de tortura durante el periodo del priista, sólo 36 han sido canalizadas para su investigación.
En las cárceles 108 personas han sido asesinadas, ninguno de estos crímenes se ha resuelto y los internos están sujetos al control de la delincuencia organizada, según lo denuncia la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos y son sujetos a trato degradante por parte de los policías y custodios.
La CNDH recibió 108 mil denuncias de abusos cometidos por militares, y la cuenta sigue en ascenso. Nadie investiga, nadie se hace responsable, nadie repara el daño causado.
Del año 2000 a la fecha han asesinado a 105 periodistas, se han levantado 378 denuncias de violaciones a la libertad de expresión, las cuales en su mayoría son descartadas sin investigarlas a fondo. Esa falta de actuación puede atribuirse a los contratos millonarios que los dueños de los medios de comunicación firman con los gobiernos, lo que obliga a una autocensura.
Tres centros de atención a migrantes han cerrado por el acoso a que fueron sujetos, tanto de las autoridades como los grupos delincuenciales, aumentando la vulnerabilidad de quienes cruzan este país con rumbo a Estados Unidos.
En total 89 defensores de los derechos humanos han sido agredidos y no hay ninguna investigación resuelta, ni condena en ninguno de los casos.
La Ley de Víctimas no opera porque no tiene un presupuesto autorizado por el Congreso federal, total es letra muerta.
Como los muertos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto.
Correo electrónico: derrotero@hotmail.com
Twitter: @derrotero_mx
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