Fue muy precisa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el tema de la reelección y en el llamado nepotismo electoral. En su consideración, ambos casos no deben tener vigencia en el sistema político, porque obviamente escuchó quejas por doquier sobre esas prácticas.
De nada valieron las recomendaciones del diputado Sergio Mier, cuando por primera vez hubo reelección que fue en las del año 2018. Se recuerda que exhortó a los alcaldes y alcaldesas que se postularon para la reelección, que participaran en forma equitativa. Es decir, sin ventajas.
Y como no atendieron las recomendaciones hubo quejas que seis años después escuchó Claudia Sheinbaum, cuando recorrió el país como candidata presidencial.
Por lo anterior, ya como presidenta anunció que nomás iniciando el período de sesiones del Congreso de la Unión, que será en febrero próximo, enviará unas propuestas de reformas constitucionales en el tema electoral.
Una, derogando la reelección de senadores, diputados y presidentes municipales. La otra, que se prohíba ser candidatos a cargos de elección popular a los familiares hasta el cuarto grado, del presidente en turno, así como de senadores, diputados y alcaldes.
Las antedichas propuestas, que será mero trámite aprobarlas, truncarán proyectos basados, en unos, sobre la reelección, y en otros, el parentesco familiar.
Por lo que, tendrán que recapitular e ir diseñando nuevas estrategias quienes pretendan seguir formando parte del servicio público por medio de cargos electorales.
¿Y QUIÉNES SE VEN AFECTADOS?
Bueno, de entrada todos aquellos alcaldes y alcaldesas que están en posibilidad de reelección como Alberto Granados, en Matamoros, y Mónica Villarreal Anaya, en Tampico, entre otros.
Y por cuestiones de parentesco quedará fuera el diputado federal Carlos Enrique Cantúrosas. Su hermana Carmen Lilia concluye su período en octubre del 2027, aunque por Nuevo Laredo afirman que el objetivo de Carlos Enrique no es retornar a la presidencia municipal.
Es más alta la mira: la senaduría o la gubernatura en 2028, y para ambas no tendrá impedimento.
¿Y A PARTIR DE CUÁNDO LA REF0RMA?
Ese es un dato que está pendiente, porque si los precitados impedimentos constitucionales van a cobrar vigencia hasta el 2030, en Tamaulipas, los reeleccionistas y los nepotes tendrán mucho futuro, porque en las elecciones del 2027 cimentarían proyectos para el proceso electoral del 2028, año en que estará en juego la gubernatura.
¿Y CARLOS VÍCTOR PEÑA ORTÍZ?
Él está fuera de las vicisitudes que ocasionará la Reforma Sheinbaum. Termina su segundo período como presidente municipal de Reynosa al finalizar septiembre del 2027, y que se sepa ninguno de sus familiares de hasta cuarto grado ha externado su deseo de relevarlo.
En cambio, sí se presume que tiene en la mira una diputación federal en 2027, y si las cosas salen como se planearon, en 2028 apuntaría la mira hacía la senaduría o incluso, la gubernatura.
¿Y MAKI?
Obvio anida la idea de ser candidata a gobernadora, que por el Verde Ecologista la tiene en la bolsa; pero que el Morena se alíe al Verde y llevando como candidata a Maki Ortiz, está muy alambicado.
Primero, porque si el CEN morenista por la igualdad sustantiva decide postular una mujer, la senadora Olga Sosa Ruiz es la lógica favorita.
Su indiscutible posicionamiento electoral será el nombre que estará en la mente del jefe político de los morenistas tamaulipecos, que es Américo Villarreal Anaya, y quien por elemental deducción tendrá intervención al momento de decidir si Tamaulipas será para hombre o mujer.
Y segundo, si será candidato, entonces el apalancamiento de Maki, lógico será para Carlos Víctor Peña Ortiz, quien ya con una exitosa carrera electoral estaría en la lista de los prospectos.
En síntesis: si bien le cuelga para el proceso electoral 2027-2028, eso será desde un punto de vista cronológico. En lo político, los tiempos corren muy diferente.
DOS MIL ABOGADOS TRAS
LAS MAGISTRATURAS Y JUZGADOS
El próximo día primero de junio finalizará el proceso judicial en el que se registraron aproximadamente dos mil abogados para ser candidatos a magistrados y jueces.
Lo que por una parte demuestra el interés que despertó entre los profesionales del Derecho en Tamaulipas, el formar parte del Poder Judicial de esta entidad.
Sin embargo, falta ver si los postulantes que resulten aprobados como candidatos reúnen los tres principales atributos de todo juzgador: experiencia, equidad y probidad.
Faltando una de las tres características, sobre todo el de la probidad, la reforma judicial habrá sido esfuerzo inútil por mejorar la calidad en la impartición de la justicia, y de pasada se irían por el drenaje los 200 millones de pesos que le costará al erario sufragar el proceso judicial.
Por lo anterior, habrá que cruzar los dedos porque el inusitado interés que despertó en dos mil abogados el participar en la democracia judicial, sea guiado por la consideración de que ser magistrado o juez es una distinción, y no una oportunidad para lucrar.
Y hasta la próxima.
